El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Olona, ha defendido la necesidad de impulsar una nueva mesa de diálogo de carácter “político y social” sobre las obras del Pacto del Agua en la que “se recojan todas las posiciones existentes” y se hable “de todas las cuestiones abiertas”, entre las que ha situado el proyecto del embalse de Biscarrués, un asunto todavía judicializado y en su momento “cerrado en falso”. Así se ha expresado durante su comparecencia en la Comisión del ramo a solicitud del PP para informar sobre las recientes declaraciones del presidente del Gobierno, Javier Lambán sobre este asunto.

Olona ha llamado a todos los grupos a un debate “sereno, responsable y serio” en una mesa cuya convocatoria “no puede sorprender a nadie” por venir recogida como compromiso en el pacto de gobernabilidad del cuatripartito. “Mi obligación es convocar una mesa con todas las garantías en la que se hable de todo lo que se tenga que hablar y se recojan todas las posiciones existentes”, ha asegurado matizando a la vez unas declaraciones suyas en las que pareció circunscribir el debate al proyecto de Biscarrués. “Dije mi opinión y también me la podía haber ahorrado, pero es evidente que el problema central está en la regulación del Gállego-Cinca y Biscarrués, pero no es verdad que quiera que no se hable de nada más”, ha aclarado.  En todo caso, ha advertido a todos los grupos que “ya no vale sólo con manifestar la voluntad política” y hacer “invocaciones en abstracto” porque la normativa europea requiere que el impulso de la obra hidraúlica venga respaldado por estudios científicos y técnicos sobre su impacto y la calidad de las aguas, como marca el interés público superior.

El consejero ha estimado que no debe haber ningún problema para hablar de todo porque hay condicionantes que han cambiado. “Si el pacto de 1992 se vio superado por las circunstancias y hubo nuevos acuerdos en 2006, ¿por qué no los vamos a revisar ahora?”, ha preguntado. Por eso ha considerado que en esa reunión de todos los agentes políticos y sociales también deberán abordarse cuestiones como ciertas restituciones pendientes, beneficios que no revierten en el territorio como deberían, concesiones de saltos de agua caducadas, embalses terminados sin uso, las obras pendientes en el Matarraña  o la segunda fase de elevación de las aguas en Andorra.   

Sobre los grandes acuerdos alcanzados en 2006, ha considerado que “existe una mayoría suficientemente amplia para que sigan vigentes” por lo que ha invocado el “respeto institucional” que a su juicio merecen “los acuerdos alcanzados por unanimidad”. Y sobre la posición del Ejecutivo en materia hídrica, ha reiterado la apuesta por el regadío para el que se han asignado ciento once millones de euros para poner en marcha treinta mil hectáreas y ha recordado el dato de los ciento setenta y seis millones de euros asignados en el periodo 2016-2020 para la modernización y puesta en marcha de nuevos regadíos.  

Por el partido proponente de la comparecencia, el popular Ramón Celma se ha preguntado cómo se ha llegado a esta situación y por qué algunos dirigentes “se empeñan en generar incertidumbre” abriendo “debates frívolos” sobre obras hidráulicas proyectadas para garantizar el modo de vida de miles de agricultores en un pacto “con el que conseguimos que el agua no fuera un motivo de confrontación”. “Cuando hablen de estos temas, miren hacia el lado correcto, a los mismos que han encontrado de aliados para sacar adelante obras hidráulicas que son necesarias como Santolea, Biscarrués, Almudévar y Yesa”, le ha recomendado a Olona.

La diputada Ana María Arellano ha sido la encargada de fijar la posición del PSOE, que pasa según ha declarado por “actualizar” los acuerdos de 2006 “sin romper los existentes”, atendiendo a nuevas necesidades en un mundo cambiante, los retos que plantea el cambio climático, la agenda 2030, y que los nuevos partidos políticos puedan sumarse también. Por parte de Ciudadanos, Ramiro Domínguez ha mostrado sus sospechas de que el diálogo sea sólo “una excusa” para que pasen tres años y medio “mareando la perdiz” sin llegar a ningún acuerdo porque las posiciones son “antagónicas”. Por ello ha pedido que sea una mesa “dinámica”.

En el caso de Podemos EQUO Aragón, Nacho Escartín ha justificado la actualización de la planificación hidráulica “porque la mitad de los grupos no participamos en el Pacto del Agua,  las normativas han cambiado y las condiciones climáticas son diferentes”. Además, ha rechazado que haya grupos en contra de las obras de regulación pero ha pedido “rigurosidad” y abrir el debate a más asuntos como “las retiradas voluntarias de regadíos que no funcionan”. En parecida línea se ha manifestado el diputado de CHA, Joaquín Palacín, para quien es una “buena noticia” esa mesa de diálogo, pero ha pedido “no entrar” en un debate “que confunde” a la sociedad “porque las obras hidráulicas por sí solas no resuelven los problemas de la agricultura”.  

El parlamentario de Vox en Aragón, Santiago Morón, ha defendido el derecho a participar en esa mesa de diálogo para definir una estrategia política del agua, ahora mismo “inexistente”, lo que sí genera “incertidumbre” en los agricultores y ganaderos. “Será difícil llegar a un acuerdo, pero al menos los grupos del cuatripartito deberían definir las líneas de trabajo del Gobierno y de la Comunidad”, ha reclamado. Por el PAR, su diputada Esther Peirat ha reiterado la posición de los aragonesistas en favor de las obras del Pacto del agua como la de Biscarrués y la reserva hídrica del Estatuto, pero ha entendido necesaria la celebración de esa mesa de diálogo porque el consenso “se ha debilitado”.

Por último, Álvaro Sanz (IU) ha pedido evitar debates “cerriles y emocionales” que profundizan en la “frustración” de sectores expectantes de agua, así como hablar sólo de una obra en concreto en un momento en el que ha considerado necesario incorporar al debate cuestiones como  el cambio climático, la gestión sostenible, los criterios sociales y la gestión pública del agua.