Los supermercados u otros establecimientos comerciales que vendan un alimento de manera reiterada por debajo de los costes de producción, hecho conocido como “venta a pérdidas”, serán sancionados con multas que oscilan entre 100.001 y 1.000.000 de euros.

Así lo ha anunciado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante un encuentro con periodistas tras la rueda de prensa correspondiente al Consejo de Ministros, en el que se ha aprobado una serie de medidas para combatir la crisis de rentabilidad que está padeciendo el campo.

Esa horquilla de sanciones se aplicará a las infracciones muy graves como la venta reiterada a pérdidas, siendo de entre 3.001 y 100.000 euros para cuando ese hecho se produzca de forma esporádica.

Según la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria, la venta a pérdidas se penaliza de forma generalizada salvo en dos casos, cuando se trate de productos perecederos que estén a punto de estropearse o en los descuentos y promociones aplicados por las cadenas de distribución al consumidor, que en cualquier caso deberán ser asumidos por esas empresas y no se contabilizarán a la hora de calcular el coste.

El nuevo real decreto ha elevado a graves las infracciones por la no formalización por escrito de los contratos alimentarios, por no incluir el precio o la realización de modificaciones en el precio, que antes eran consideradas de leves, y ha tipificado como grave la destrucción de valor en la cadena alimentaria a través de la venta de un producto por debajo del precio de producción, que antes no se contemplaba.

Planas ha insistido en que el Gobierno está trasponiendo algunos elementos de la normativa comunitaria sobre prácticas de competencia desleal en el sector, de forma paralela a cómo lo están haciendo otros países como Francia y Alemania.

Ventas con contrato

El ministro ha hecho especial hincapié en la importancia de que se generalicen los contratos escritos en la compra y venta de productos agrícolas, lo que favorecería la aplicación de la ley.

Será obligatorio incluir en los contratos que firman los supermercados u otros compradores con agricultores, cooperativas y otro tipo de asociaciones de productores, ya sea para la venta en fresco o para la trasformación, el coste de producción original cuyo cálculo lo cerrarán de mutuo acuerdo las partes, o bien se guiarán por índices de referencia públicos que, según el ministro, ya están disponibles y se irán ampliando. En los costes se tendrán en cuenta factores tales como los de las semillas y las plantas de vivero, energía, herbicidas, fitosanitarios, agua, costes laborales y cualquier otro que incida en la producción de esos alimentos.

El Ministerio publicará en su página web una serie de precios de referencia pero que en ningún caso jugarán un papel arbitral, sino que la valoración económica de los precios dependerá del mutuo acuerdo entre comprador y vendedor. "España es una economía social de mercado, no es en absoluto una economía planificada", ha argumentado.

Además, a partir de ahora se prohíben las promociones de carácter engañoso que inducen a error sobre el precio e imagen de los productos, como las ofertas que intentan lesionar la reputación de productos concretos a través, por ejemplo, de la prolongación en el tiempo de precios muy bajos para un producto que acaban dando una imagen de que ese es su precio normal, algo que también será tipificado como grave y muy grave.

Las organizaciones de consumidores y usuarios habían mostrado su preocupación por el posible encarecimiento del precio del producto en el punto de venta como consecuencia de estas medidas, pero Planas no cree que vaya a suceder: "Si cada uno consigue asumir su responsabilidad en la cadena alimentaria es perfectamente posible que el precio de venta al público no se incremente", ha afirmado el ministro.