Fernando Collantes
Departamento de Estructura e Historia Económica y Economía Pública
 Facultad de Economía y Empresa - Universidad de Zaragoza
Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2)
collantf@unizar.es

Una constante en el debate público que sobre la despoblación rural viene teniendo lugar en los últimos tiempos es la reclamación de nuevas políticas, por ejemplo inversiones en determinadas infraestructuras o ventajas fiscales para las poblaciones y empresas rurales. Las políticas que ya existen son, en contraste, las grandes ausentes del debate. ¿Qué enseñanzas podemos extraer de la experiencia acumulada? En caso de que, como todo parece sugerir, sus resultados no estén pasando de modestos, ¿cuál es la causa y cómo podemos mejorar estas políticas?

En España, uno de los campos de mejora más evidentes en este sentido tiene que ver con la política de desarrollo rural que forma parte de la Política Agraria Común (PAC). La política de desarrollo rural fue creada en la década de 1990, una vez que la Comisión Europea reposicionó la PAC como una política de cohesión territorial, trascendiendo su tradicional concepción como política sectorial agraria. El giro territorial fue reforzado en 2007, a raíz de la incorporación de los programas LEADER de desarrollo local participativo (hasta entonces, una iniciativa comunitaria autónoma) a la política de desarrollo rural que constituía el llamado “segundo pilar” de la PAC. En España, la gestión de este segundo pilar ha correspondido a las Comunidades Autónomas, que tienen la competencia de definir prioridades de desarrollo rural y orientar su gasto en consecuencia.

En prácticamente todas las Comunidades Autónomas y periodos de programación transcurridos hasta la fecha, las prioridades de nuestros gobiernos regionales han estado claras. Estas han consistido en fomentar la modernización tecnológica y comercial del sector agrario, así como prácticas agrarias respetuosas con el medio ambiente. En otras palabras, nuestras Comunidades Autónomas han elegido utilizar los fondos de desarrollo rural para complementar las subvenciones a los agricultores que ya ofrecen los principales regímenes de pago de la PAC. Tan solo una pequeña proporción de estos fondos se destina a promocionar la diversificación sectorial de la economía rural más allá de la agricultura, mejorar la calidad de vida y habitabilidad de los espacios rurales o financiar los programas LEADER de desarrollo participativo.

La investigación comparada disponible pone en duda, sin embargo, que esta fuerte apuesta por la agricultura sea adecuada para luchar contra la despoblación rural. Si una lección tiene la historia de la despoblación rural en España, esta es que, para evitar (o cuando menos mitigar) la despoblación, es necesario contar con una economía rural diversificada, capaz de ofrecer alternativas de empleo más allá de la agricultura. Esta conclusión se mantiene cuando saltamos de España a Europa e intentamos comprender los otros episodios europeos de despoblación y, en su caso, renacimiento rural. Otra lección importante de la historia europea de despoblación rural es que, conforme avanza la despoblación, incluso las economías rurales más dependientes de la agricultura terminan alcanzando un grado de diversificación apreciable, a resultas de la rápida caída registrada en su población activa agraria. Todo ello implica que, aunque puede haber motivos para subvencionar a los agricultores (sobre todo si estas subvenciones se focalizan adecuadamente en términos de justicia social y sostenibilidad ambiental), posicionar estas subvenciones como una medida de lucha contra la despoblación rural es poco menos que mezclar churras con merinas.

La recomendación práctica que se desprende de aquí está clara. Nuestras Comunidades Autónomas deberían redistribuir sus fondos europeos para el desarrollo rural, trasvasando una parte sustancial de los mismos desde las subvenciones agrarias hacia las actuaciones para promover la diversificación económica y la calidad de vida en el medio rural. Una cuestión que queda abierta es la que tiene que ver con las condiciones políticas que favorecerían una reorientación de este tipo. La historia de la PAC, tanto en España como en la mayor parte de países de la Unión, sugiere que la capacidad de la red “agro-política” para cubrir objetivos diferentes de los clásicos de la política agraria (es decir, el sostenimiento de las rentas de los agricultores y, hasta cierto punto, su modernización estructural) es muy pequeña. Así lo atestigua no solo el caso de la política de desarrollo rural, sino también el pobre balance de la PAC en términos medioambientales. ¿Tiempo, quizá, de traspasar las competencias de desarrollo rural a otras redes políticas diferentes de la agraria?