Slow Food ha pedido participar en el proceso que dará lugar a la propuesta final de la Política Agrícola Común en Europa: hoy la organización ha lanzado sus recomendaciones concretas en la conferencia Toward a Common Food Policy: Slow Food’s Commitment to Advocating for Agroecological Farmers and Food Artisans, en el marco de Terra Madre Nordic, el evento que tiene lugar este fin de semana en Copenhague (Dinamarca) y que reúne a más de 200 productores y agricultores a pequeña escala de Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Groenlandia, Islandia, las islas Feroe, las islas Åland y Laponia.

Las recomendaciones se basan en los resultados de un estudio que Slow Food llevó a cabo entre el 24 de julio y el 21 de noviembre de 2017, y en el que se entrevistó a 10.000 productores y agricultores a pequeña escala para entender qué medidas de la política en cuestión apoyaban u obstaculizaban más su trabajo.

Desde hoy, Slow Food organizará actividades importantes para concienciar a los ciudadanos que contarán con la participación de las redes nacionales en una serie de eventos en Europa que darán como resultado la publicación de una propuesta legislativa completa por parte de la Comisión Europea sobre la PAC prevista para el 29 de mayo de 2018.

La aportación de Slow Food a la PAC
La contribución de Slow Food al debate sobre la alimentación y cultivo aborda diversos aspectos de los sistemas de cultivo agroecológicos que se pueden resumir en 10 recomendaciones finales.

Carga burocrática: la mayoría de los productores piden menos requisitos burocráticos. Esta demanda no implica que haya menos normas o controles, sino que estos deben ser proporcionales al tamaño y la realidad de sus negocios. Los entrevistados de todos los países subrayan la falta de experiencia tramitando cuestiones agrícolas en las oficinas gubernamentales, así como en las asociaciones profesionales, que a menudo son los órganos a través de los cuales piden financiación.

La innovación y la investigación, la formación y el soporte técnico deberían respetar la soberanía alimentaria y los conocimientos locales, y deberían fomentar el potencial de los productores, en lugar de hacerlos dependientes de contribuciones externas que están controladas por unas pocas multinacionales.

Apoyo a la gente joven: se debería incentivar a la gente joven para que invierta en este sector con una remuneración decente que les ofrezca una seguridad económica suficiente para planificar su futuro.

Apoyo a las áreas desfavorecidas: se deben aplicar planes de desarrollo y recuperación de infraestructuras efectivos en zonas rurales y desfavorecidas, así como estrategias efectivas para contrarrestar el éxodo rural.

El dinero público, al servicio del bien común: solo los sistemas de producción agroecológica deberían recibir ayudas económicas.

Revisión de los modelos de calidad y las normas sanitarias: revisar la definición de calidad para incluir unos criterios de sostenibilidad más rigurosos; introducir formación específica para inspectores sobre la producción tradicional de alimentos artesanales.

Unas cadenas de suministro alimentario más sostenibles y justas, como herramienta en la lucha contra la explotación laboral y para conceder a todos los productores un poder de negociación más justo. Además, concienciar a los consumidores y en actividades educativas.

Una administración de la tierra justa: es necesario desarrollar nuevos mecanismos para garantizar a los productores el acceso a la tierra, así como protección legal.

Unas políticas más coherentes y consistentes: la falta de integración y de coherencia entre la PAC y otras políticas relacionadas con los alimentos debería resolverse de un modo más eficaz.

Unos objetivos más claros: el modelo de prestación debe garantizar un acceso democrático a las medidas de apoyo para pequeños productores agroecológicos y para las nuevas generaciones, que deberán formar parte de la creación de los indicadores de impacto.

Debe cambiarse el discurso de la seguridad alimentaria por el de la suficiencia alimentaria. El objetivo ya no es alimentar al mundo, ya que 1/3 de los alimentos que se producen en el mundo se pierde o se desperdicia. El nuevo desafío es garantizar el acceso justo a los recursos (tierra, semillas, agua) y el acceso justo a la comida.