En la práctica, esta decisión –que aún debe ser ratificada por el Pleno de la Eurocámara el próximo 14 de diciembre- supone que los agricultores y ganaderos de España continuarán recibiendo sin ninguna perturbación las ayudas de la PAC de los años 2021 y 2022. La nueva PAC, por su parte, entrará en vigor el 1 de enero de 2023, con dos años de retraso.

La aprobación de estos reglamentos de transición incorpora ya los fondos del Plan de Recuperación destinados al desarrollo rural. De los que a España le corresponderán aproximadamente 726 millones de euros en los próximos dos años.

Herramientas para que los Estados apoyen a los agricultores

UPA ha pedido al Ministerio de Agricultura que haga uso de una de las medidas que acaban de articularse, la que permitirá destinar compensaciones a pérdidas causadas por eventos climáticos, o brotes de enfermedades de carácter animal y vegetal, incluyendo las plagas.

También se mantendrán los pagos regresivos para las medidas destinadas a las zonas con limitaciones naturales y se reduce el umbral de desencadenamiento para activar las medidas de gestión de riesgo pasando del 30% al 20%.

Asimismo, se aumenta hasta un 5% el porcentaje disponible para la asistencia técnica procedente de los fondos del FEADER, mientras que se amplía a seis meses el periodo habilitado para resolver las solicitudes de apoyo temporal de las medidas de desarrollo rural solicitadas a consecuencia de crisis de la COVID-19.