En su nueva sentencia recuerda la falta de informes científicos, al margen de los estudios elaborados por la propia administración regional, que avalen la consideración del lobo como especie cinegética y recuerda que en todo el territorio español se considera como especie protegida. Al mismo tiempo condena a la administración a reparar el daño causado al medio natural por la caza de este animal desde el año 2016 a razón de 9.261 euros por ejemplar.

La sentencia que tumba el Plan del Lobo anula los aprovechamientos comarcales de lobo al Norte del Duero 2016-2019, aprobados por la Resolución de la Junta de Castilla y León de 29 de julio de 2016 y determina que es obligado compensar la muerte (en la medida de lo posible) de los ejemplares acaecida a lo largo del trienio 2016-2019.

Según Ascel, durante ese periodo se abatieron 173 lobos, desglosados en 91 (2016) a los cuales hay que añadir los 82 del año 2017, antes de que se procediera por la Sala a una suspensión, a instancias de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico,  en la temporada 2018.

“Ello supone un importe de 1.602.153 euros, sanción que impone el Tribunal a la Junta, que debe disponer de ese dinero público a fin de reparar el daño causado al medio ambiente por la caza de lobos, mediante la presentación de un programa que, como mínimo, deberá comprender las actuaciones necesarias para la recuperación del lobo ibérico, su conservación y para la divulgación de la importancia de la especie”.

Según Ascel, durante el periodo 2016-2019 se ha procedido a la caza de al menos 91 lobos por lo que la cantidad ascendería a los 842.751 euros que se destinarán a llevar cabo planes de convivencia con este animal.