El cultivo del olivar en la provincia de Jaén es principalmente de tipo tradicional, minifundista y con alta fragmentación y dispersión (Colombo y Perujo-Villanueva, 2017a; Perujo-Villanueva y Colombo, 2017). Estas características originan unos costes de producción que pueden ser incluso superiores a los ingresos en el caso de las pequeñas explotaciones (Colombo y col., 2017).

Sin embargo, la evolución de la superficie de olivar en la provincia es estable o creciente en las últimas décadas, poniendo de manifiesto que no existe un abandono real del cultivo. Asumiendo que no es posible una explotación continuada en pérdidas, este trabajo busca explicaciones a la persistencia del cultivo tradicional del olivar.

En este contexto, trabajos anteriores han puesto de manifiesto que la explotación familiar de las empresas olivareras permite, junto con la subvención de la PAC, incluso en presencia de bajos precios de venta del aceite, alcanzar una rentabilidad satisfactoria (Colombo y col., 2016).

La principal razón es el peso que tienen las ayudas comunitarias y la mano de obra en el cómputo de los costes totales de las explotaciones que pueden llegar a ser hasta un 30% en el primer caso y un 76% en el segundo en el caso de explotaciones de pequeñas dimensiones, poco mecanizadas (CAPDR, 2015).

No obstante, no todas las pequeñas explotaciones de olivar son gestionadas de forma familiar. En estos casos la rentabilidad se alcanza gracias al logro de economías de escala (Colombo y col., 2017) a través de la cooperación entre agricultores, de manera que el tamaño de gestión de las explotaciones (unidad de trabajo) es de mayor tamaño al de propiedad, que es a su vez el que publican las estadísticas oficiales.

La gestión agraria través de la cooperación puede llevarse a cabo principalmente a través de dos procesos: de un lado, mediante la colaboración recíproca entre varios propietarios de características afines (tamaño, tipo de cultivos, etc.), en las que no existe un liderazgo por ninguna de las partes y que se basa principalmente en dos modalidades: en el uso de utensilios y maquinaria en común o la concertación de servicios externos de forma coordinada; de otro, a través de la asistencia de los agricultores de mayor superficie y soporte tecnológico a los agricultores que dada su escasa superficie o escasa profesionalización (al no depender sus ingresos de forma principal del olivar) no disponen de los medios adecuados para una gestión eficiente. En el primer caso se habla de cultivos compartidos y en el segundo de cultivos asistidos.

Este artículo analiza los pactos de cooperación asistida no formales que ocurren en la actualidad en el olivar de la provincia de Jaén, con el fin de esclarecer algunas de sus notas esenciales, como son la relevancia de los mismos en la gestión de las explotaciones, el origen de las tierras cedidas, la cuantificación en número de hectáreas de las tierras gestionadas o la diferenciación entre el agricultor ofertante y receptor del servicio.

La información generada es de utilidad para la Administración pública en el diseño de las medidas destinadas a mejorar la competitividad de las explotaciones olivareras y dotar de garantías a los acuerdos que se establecen entre los olivicultores.

 
Toma y análisis de los datos

La información para los análisis se obtuvo a través de encuestas en campo a una muestra representativa de agricultores titulares de explotaciones de olivar tradicional mecanizable (el 78% del total del olivar de la provincia de Jaén) en las campañas 2016-2017.

La necesidad de recolectar datos primarios se debe a que los acuerdos de cooperación entre propietarios se fundan en su mayoría en pactos no institucionalizados basados en los usos y costumbres del lugar que no se reflejan en las estadísticas oficiales.

Concretamente se realizaron 248 encuestas a olivareros de la provincia de Jaén. Se diseñó un cuestionario con dos apartados que pretenden, en primer lugar, dar a conocer la tierra que gestiona cada propietario, clasificándose las que son de su propiedad y las que no, y, en segundo lugar conocer los tipos de agricultores en función del rol que asumen en la gestión del olivar.

Debido a que la oferta y demanda de cooperación es típicamente en función del tamaño de las explotaciones (Colombo y Perujo-Villanueva, 2017b), la selección de los encuestados fue estratificada en base a la distribución de los tamaños de explotaciones. A través de análisis descriptivos de las respuestas de los entrevistados se han obtenido los datos comentados en los resultados.

Resultados    

El perfil del olivarero tradicional en la provincia de Jaén se compone de dos categorías diferenciadas: el individuo que no trabaja en la tierra y el agricultor que trabaja la tierra.

Estos dos perfiles tienen necesidades distintas de cooperación. El individuo que no trabaja en sus olivares requiere del servicio de otro agricultor o empresa de servicio para que le realice las labores de cuidado del olivar. Así, es un demandante de cooperación.

El  que trabaja en sus tierras puede a su vez trabajar otros olivares, trabajar sólo los suyos o trabajar los suyos y demandar algún servicio para labores concretas a otro agricultor, principalmente en aquellas labores que requieren de maquinaria más específica (picadora de ramón) o demandan más mano de obra de la disponible en la familia (recolección). Por ello, puede ser ofertante o demandante de servicios de cooperación.

En la muestra de olivareros analizada un 22% de los entrevistados declara no trabajar en su explotación. La gestión de sus olivares es llevada a cabo por familiares en un 25% de los casos y por personas externas a la familia en el resto. La superficie media de las explotaciones es de 15,5 ha, cifra que pone de manifiesto que existe una importante área de olivar no trabajada por sus titulares que constituye un “banco” de tierra disponible para que otras personas amplíen la superficie de gestión de su explotación.

El perfil socioeconómico de los titulares de estas explotaciones revela que un 95% son hombres y con edad muy avanzada, teniendo un 80% del total más de 50 años. La formación agraria de los mismos es ninguna o muy baja, y sus conocimientos se basan, principalmente, en la experiencia práctica. La actividad agraria le proporciona una renta secundaria o marginal en sus ingresos.

En un 80% de los casos, los titulares de estas explotaciones han heredado el olivar y no quieren desprenderse de él por apego al mismo. Es interesante que sólo un 2% de los entrevistados haya declarado que el olivar no le es rentable, y que no lo alienan porque no encuentran un precio satisfactorio de venta. Una posible razón de este bajo porcentaje es el momento de la realización de la encuesta que se hizo durante campañas con precios de venta del aceite muy elevados. Por último, cabe decir que la mayoría de los entrevistados que no trabaja en sus olivares indica que para incrementar la rentabilidad de su explotación se debería poner en riego el olivar, como primera opción, y aumentar la superficie de gestión a través de la cooperación.

Con respecto a los agricultores que trabajan sus olivares (78% de la muestra), el 41% declara trabajar tierras de otras personas fuera de la unidad familiar, reduciéndose este porcentaje a la mitad si restringimos el servicio a personas que no sean parientes. El resto sólo trabaja sus tierras o las del consorte.

Test estadísticos paramétricos y no paramétricos informan que el perfil socioeconómico de los olivareros que ofertan servicios de asistencia a otros agricultores y de los que no lo hacen es muy diferente. Los primeros son más jóvenes, con más formación y con un mayor peso de la renta agraria en su nivel total de ingresos. Estos resultados ponen de manifiesto que los olivareros que ofertan servicios de asistencia (cooperan con otros olivareros), son más dinámicos y profesionales de los que no lo hacen.

A través de la cooperación incrementan su renta, no sólo por los ingresos derivados de la prestación de los servicios, sino también por la reducción de los costes de amortización de las maquinarias empleadas en ellos. Prueba de ello, es que declaran que podrían trabajar un promedio de 47 ha más de las que actualmente trabajan sin realizar ulteriores inversiones en maquinaria. Es más, consideran que esta superficie podría además doblarse, si el servicio de asistencia fuese ofertado en un espacio contiguo de parcelas en lugar de la forma atomizada y fragmentada como en la actualidad. Asimismo, en estas condiciones estarían dispuestos a reducir de forma significativa (un 20% en media) las tarifas de los servicios ofertados.

En este contexto, existe una voluntad común de los ofertantes de los servicios y de los demandantes hacia una mayor coordinación de los trabajos de asistencia. Este aspecto es de interés en la futura Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía que tiene atención preferente a las explotaciones de reducidas dimensiones pero orientadas a la gestión en común y a la explotación o cultivo conjunto de tierras, o bien la realización de determinadas labores de cultivo de forma coordinada y conjunta.

La figura 1, en tonos verdes, representa gráficamente a título de ejemplo estos conceptos de cooperación, mostrando una explotación representativa de olivar tradicional de la provincia de Jaén. Para ello se asume una explotación con una superficie de 5,3 ha y 4 parcelas. En tonos marrones se añaden al mapa un conjunto de parcelas que son gestionadas por el titular de la explotación aunque las tierras no son de su propiedad.

La suma de la gestión de la tierra en propiedad y la tierra de terceros permite mejorar los ratios de eficiencias, amortizar la maquinaria empleada y aumentar la rentabilidad de ambos propietarios. Además, los lazos establecidos se realizan en función de la proximidad espacial de las parcelas, disminuyendo a su vez la dispersión intraparcelaria y las ineficiencias debidas a la forma y tamaño de las parcelas. En el mapa se refleja también parte de la tierra potencialmente gestionable por su colindancia con la parcela principal de la explotación.

Con respecto a la superficie, los análisis indican que la superficie agraria gestionada por un individuo es muy superior a la registrada en propiedad. El tamaño medio de la tierra en propiedad en la muestra es de 11,4 ha, mientras que el tamaño medio de gestión unitaria es de 21,2 ha (86% superior).

Con respecto a esta última, el 48,3% es tierra en propiedad, el 5,2% es propiedad del consorte, el 6,7% es propiedad de un familiar y el 39,8% es tierra gestionada que no pertenece a ningún familiar (figura 2).

Estos datos manifiestan que existe un elevado grado de cooperación entre los productores olivareros de la provincia de Jaén que eleva la Unidad de Gestión Agraria (UGA) muy por encima de la superficie en propiedad. Además, indican que la mayor parte de la tierra que se gestiona de forma externalizada no pertenece a ningún familiar, sino que normalmente obedece a criterios de cercanía geográfica y confianza en la profesionalidad del agricultor que asiste.

El cuadro I representa la UGA en función del tamaño de la explotación según la información publicada en SIGPAC. En dicha tabla se considera la tierra en propiedad junto con la del consorte como una única unidad. En primer lugar, destaca el bajo porcentaje de personas (empresas de servicios) que sin tener tierras en propiedad (0,8%), hacen de la gestión de la tierra ajena una actividad económica. Por tanto, la mayoría de los ofertantes de servicios de cuidado del olivar son a su vez olivareros.

En segundo lugar, la totalidad de los intervalos, a excepción de los propietarios de más de 50 ha, muestran la voluntad de los olivareros de gestionar una superficie muy superior a la que disponen en propiedad. Esto le permite aumentar la rentabilidad de su explotación desde dos puntos de vistas. Por un lado, a través de los ingresos derivados de la contratación de los servicios prestados y, por otro, en la mejor amortización de la maquinarias en propiedad empleada.

En tercer lugar,  las explotaciones con más de 50 ha no gestionan, en ninguno de los casos analizados, más superficie de lo que tienen en propiedad, debido, entre otras circunstancias, a que con esta superficie se requiere una atención exclusiva durante todo el año, además de que se alcanzan fácilmente los umbrales de rentabilidad. Este hecho explica que la gestión de otras tierras supone un complemento a la renta de las explotaciones deficitarias o con rendimientos bajos, siendo una estrategia a la que no recurren explotaciones rentables por sus propias características. Por tanto, la cooperación entre agricultores se realiza de forma principal entre aquellos propietarios  que no trabajan en sus explotaciones (demandantes del servicio) y propietarios de explotaciones de tamaño medio (ofertantes del servicio).

Conclusiones

La cooperación entre propietarios es una estrategia que permite aumentar la rentabilidad a pequeños y medianos propietarios, siendo una práctica no utilizada por las grandes explotaciones. El escaso tamaño medio de las explotaciones favorece la externalización, aunque en el caso de Jaén se desarrolla una cooperación que no responde a patrones de afinidad (el porcentaje de tierra gestionada es superior de los no familiares), siendo poco significativa la presencia de las empresas de servicios. Ello no quiere decir que sea una externalización menos profesionalizada, pero sí sujeta a mayores incertidumbres, como la relatividad de los tiempos pactados, excesos de confianza o subjetividad en la realización de los trabajos.

Aunque concurren indicios suficientes de que la cooperación existe entre pequeños propietarios, ésta se desarrolla de forma anárquica y dotada de escasas garantías para ambas partes. Por ello, las políticas públicas deberían promocionar contratos de gestión en común donde se desarrollen reglamentariamente aspectos como el número de propietarios vinculados, tipos de tareas a coordinar, calendario agrícola de las tareas, etc. El desarrollo reglamentario de la nueva Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía es el marco jurídico idóneo para recoger dichas formalidades.

Agradecimientos

El presente estudio ha sido realizado en el marco del proyecto P11-AGR-7515 con financiación de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía y del Ministerio de Economía y Competitividad.