La política agrícola común (PAC) de la UE contiene una serie de medidas cuya finalidad es garantizar una renta estable y adecuada para el agricultor. Los pagos directos a los 6,4 millones de agricultores repartidos en los 28 Estados miembros ascienden a 41 000 millones de euros al año. Junto con estos pagos directos, la PAC incluye instrumentos específicos para prevenir y gestionar riesgos y crisis en el sector agrícola. Por ejemplo, se puede recurrir a los seguros y a los fondos mutuales para estabilizar los ingresos de las explotaciones. También existen medidas excepcionales destinadas a estabilizar el mercado en general si surge una perturbación grave, como el hecho de que Rusia decidiera en 2014 prohibir determinadas importaciones agrícolas procedentes de la UE.

Los auditores examinaron específicamente si estos instrumentos se habían establecido de manera eficiente y si daban resultados. En particular, se centraron en la ayuda de la UE a los seguros y las medidas excepcionales introducidas en el sector de frutas y hortalizas tras las sanciones rusas de 2014.

Los auditores reconocen que la PAC contiene diversas formas de salvaguardar los ingresos. Los pagos directos desempeñan una función importante en este contexto. Representan de media una cuarta parte de los ingresos de las explotaciones, lo que permite a los agricultores gestionar mejor la caída de precios o una menor producción, y reducir así su necesidad de contratar un seguro. Al mismo tiempo, la PAC promueve cada vez más las medidas preventivas, especialmente instando a los agricultores a adoptar buenas prácticas agrícolas y medioambientales. Sin embargo, los auditores constataron que el efecto de esta actividad en la conducta del agricultor es limitado, ya que es posible que los agricultores asegurados tengan menos incentivos para aplicar una estrategia de negocio resiliente o adaptarse al cambio climático.

Los auditores sostienen que la mayor parte de los 2.600 millones de euros presupuestados por la UE para ayudar a los agricultores a contratar un seguro frente a la volatilidad de los precios y las pérdidas de producción han tenido escasa repercusión. El dinero llega a un número muy reducido de agricultores, puesto que menos del 10 % de aquellos que contratan un seguro lo hace con la ayuda de la UE. La mayoría de agricultores ni siquiera se plantea mitigar el riesgo puesto que, si surge una crisis, esperan recibir en cualquier caso una ayuda pública sustancial. Asimismo, la ayuda de la UE a los seguros no se canaliza hacia los que realmente la necesitan. En los dos Estados miembros que más la utilizan (Italia y Francia), los auditores observaron una concentración de esta ayuda en el sector vitivinícola. En este sector, en el que el capital asegurado puede alcanzar los 115 000 euros por hectárea, muchos beneficiarios habrían asegurado su producción aun sin las subvenciones de la UE, por su capacidad financiera y su perfil de riesgo.

«Existen escasas pruebas en la actualidad que demuestren el valor añadido europeo de esta ayuda destinada a estabilizar los ingresos de los agricultores«, afirma Samo Jereb, miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable del informe. «Las medidas deberían ser más específicas, de manera que puedan ser empleadas por los agricultores que más las necesitan y de forma que no entren en conflicto con el desarrollo de una agricultura más preventiva y resiliente en la UE«.

En cuanto a los 513 millones de euros de gasto en frutas y hortalizas durante el período 2014‑2018 como respuesta a la prohibición rusa, la UE no fijó parámetros objetivos para plantearse la adopción de estas medidas. Por ejemplo, el 61 % de la ayuda se destinó a los productores de manzanas (principalmente en Polonia), a pesar de que las exportaciones de esta fruta se mantuvieron constantes, en líneas generales, o incluso crecieron. Se han aplicado también medidas excepcionales a otras frutas (como el melocotón y la nectarina) para responder a la sobreproducción en la UE en lugar de a una perturbación puntual del mercado.

Por último, los auditores advierten de que la ayuda de la UE para la retirada de productos destinados a su distribución gratuita ha sido costosa. En algunos casos, los porcentajes abonados sobrepasaron ampliamente los precios de mercado, lo que produjo una sobrecompensación. Asimismo, los auditores constataron que, en último término, la mayoría de los productos retirados para planes de distribución gratuita fueron reintroducidos en el mercado de forma diferente (como zumo en Grecia y en España, por ejemplo), mientras que solo una parte se entregó a personas necesitadas.

En este contexto de recientes propuestas legislativas para el futuro de la PAC, en las que se busca prestar más atención a la gestión de riesgos, los auditores formulan las siguientes recomendaciones a la Comisión Europea:

• fomentar entre los agricultores una mejor preparación ante las crisis;
• diseñar y supervisar mejor su ayuda a los seguros;
• aclarar los criterios para activar y finalizar las medidas excepcionales;
• adaptar la compensación a las operaciones de retirada.