La pandemia también deja su huella en la agricultura y la ganadería, donde el sector trata de recuperar el resuello y de adaptarse a las nuevas circunstancias después de un complicado primer semestre del año y de los problemas a causa de los contagios detectados, sobre todo, entre temporeros y la industria agroalimentaria. La eclosión del coronavirus retrasó el encuentro de los miembros de la Mesa del Agua, que tuvo lugar en junio con marcadas discrepancias entre partidos políticos, regantes y ecologistas. La ansiada recuperación parte de la prevención y la pujanza en parcelas como las del vino o el jamón dibujan un panorama halagüeño al tiempo que los sindicatos o las comunidades de regadío consideran vital el abrigo de los gobiernos central y autonómico.

En ese sentido, el Gobierno de Aragón ha puesto el acento en la adopción de medidas preventivas para reducir en la medida de lo posible la transmisión comunitaria de la COVID-19. Así, se especifica que es el empresario o gestor de la explotación agrícola quien tiene que desarrollar un plan de contingencia que incluya las medidas organizativas, técnicas y de formación de los trabajadores que aseguren el control en todos los procesos relacionados con la recogida, transporte y almacenamiento de la producción agrícola.

Los objetivos del plan de contingencia de las empresas agrícolas frente al COVID-19 son, principalmente, asegurar la salud y la seguridad de los trabajadores y controlar las oportunidades de diseminación de la infección en los procesos y tareas agrícolas y durante el trasporte, el alojamiento y la manutención de los trabajadores temporeros.

También, facilitar medios que garanticen la higiene personal de los trabajadores y la limpieza y desinfección de las herramientas y los espacios de trabajo; proporcionar a los trabajadores alojamientos que reúnan las condiciones adecuadas desde el punto de vista higiénico y sanitario para prevenir la transmisión de la infección; identificar a los trabajadores con síntomas de infección respiratoria y facilitar su aislamiento o comunicar a Salud Pública la existencia de agrupaciones de casos sospechosos de COVID-19 en la explotación agrícola.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, afirmó hace escasas fechas que no se prevén complicaciones en la vendimia derivadas de la COVID-19. Aseguró que se están cumpliendo con los protocolos de sanidad e higiene desde el inicio de la pandemia y destacó que se tiene cubierta la mano de obra para la campaña respetando la Ley de prevención de riesgos laborales.

Olona definió a este sector como ejemplar “por estar muy bien organizado en torno a cooperativas y empresas mercantiles que no solo facilitan la comercialización, sino la gestión de la vendimia y del trabajo temporal de forma segura en una situación de pandemia”. Otro de los motores del sector agroalimentario es el jamón de Teruel, que en palabras del consejero “va a tener un peso muy significativo en la campaña de promoción nacional” que el Gobierno de Aragón va a poner en marcha en las próximas semanas.

Inversiones en Teruel

El Bajo Aragón es también el beneficiario de la orden publicada el pasado viernes en el Boletín Oficial de Aragón por la que el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente convoca ayudas por valor de 1.250.000 euros destinadas a favorecer las inversiones en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrícolas en las industrias agroalimentarias de Teruel, con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) para el año 2020.

La finalidad de la subvención consiste en dotar a la provincia de Teruel de capital productivo, elevar su nivel de renta y desarrollar sus infraestructuras industriales. Además de hacer atractiva y promover la inversión empresarial mediante el aumento de la utilización de materias primas en los procesos productivos y mejorar su transformación y comercialización, favoreciendo así el aumento del valor añadido de los productos agrícolas. Atendiendo a que el sector agroalimentario es un sector estratégico que permite la sostenibilidad del medio rural y la ordenación del territorio, a través de la vertebración sectorial y el fomento de la innovación y la creación de puestos de trabajo, como informó el Ejecutivo autonómico a través de una nota de prensa.

Podrán ser objeto de la subvención las inversiones que contribuyan a aumentar el valor añadido de los productos agrícolas y la introducción de tecnologías y procedimientos con el fin de desarrollar productos nuevos o de mayor calidad que permitan una apertura a nuevos mercados, especialmente en las cadenas de distribución cortas. Asimismo, deberá justificarse la mejora del rendimiento global de la empresa como consecuencia de la inversión realizada. La cantidad máxima a percibir es de 400.000 euros por beneficiario.

No todo son buenas noticias. La Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA) ha denunciado una bajada del precio del 50% en la cosecha de almendra en grano de este año, que será de 16.552 toneladas en Aragón. Una circunstancia que coincide con la publicación por parte de la Mesa Nacional de Frutos Secos, formada por las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, Cooperativas Agroalimentarias y Aeofruse) de la estimación de cosecha de almendra para este año, que a nivel nacional alcanza las 95.579 toneladas, con la comunidad autónoma aragonesa en tercer lugar.