La Unión Europea (UE) y el Reino Unido comienzan esta semana su novena ronda de negociaciones para acordar su relación futura una vez se produzca el Brexit, la última programada en unas conversaciones marcadas por los planes británicos de romper el acuerdo de retirada, lo que traería grandes complicaciones al sector hortofrutícola español.

La última de las rondas pactadas hasta el momento, que comenzará el martes y se extenderá durante cuatro días, volverá a los capítulos del pacto que han demostrado ser más espinosos hasta ahora, como la competencia justa y la pesca.

El negociador jefe europeo, Michel Barnier, y su homólogo británico, David Frost, supervisarán además las conversaciones sobre asuntos como comercio de bienes y servicios, energía o cooperación judicial.

Antes de comenzar la ronda de negociación sobre la futura relación, el lunes mantendrán un encuentro los miembros del comité conjunto encargado de supervisar la implementación del acuerdo de salida de la UE, una ocasión para abordar de forma directa la polémica propuesta legislativa británica que modifica partes del acuerdo de retirada del Reino Unido de la Unión Europea.

Presiden este organismo el vicepresidente de la Comisión para Relaciones Interinstitucionales, Maros Sefcovic, y el ministro del Gabinete del Reino Unido, Michael Gove.

Sefcovic había instado al Gobierno británico a retirar antes de final de septiembre la ley con la que quiere modificar la salvaguarda acordada para Irlanda del Norte, que a su juicio pone en riesgo el acuerdo de paz en la región.

Se prevé que la reunión del comité conjunto se centre en el llamado proyecto de ley de Mercado Interno, que modificaría algunas normas sobre la circulación de bienes entre Irlanda del Norte y la isla de Gran Bretaña, diseñadas para poder mantener abierta la aduana entre ambas Irlandas cuando el territorio británico haya quedado fuera de la unión aduanera europea.

Londres se niega por el momento a retirarla pese a haber reconocido explícitamente que viola la legislación internacional y a las críticas a nivel internacional y también doméstico.

Respecto a la competencia justa, la UE quiere que el Reino Unido se comprometa a que sus regulaciones en áreas como las ayudas de Estado, los estándares sociales y laborales o la fiscalidad no diverjan excesivamente de las comunitarias cuando el Reino Unido tenga acceso al mercado europeo como país tercero.

Bruselas teme que una relajación de las reglas británicas en estas áreas mientras el Reino Unido continúa intercambiando bienes y servicios con la UE a través de un acuerdo de comercio, pueda conllevar distorsiones en el mercado y en la competencia justa. El Gobierno británico, por contra, cree que esta cesión comprometería su soberanía.