Una delegación del Gobierno de Aragón compuesta por el Secretario General Técnico del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, José Luis Castellano; la directora del Instituto Aragonés del Agua, Inés Torralba y el director general de Desarrollo Rural, Jesús Nogués; se ha reunido con la directora del Agua, Liana Ardiles, para exponer la postura de Aragón en relación con el Pacto Nacional del Agua. A la reunión también ha asistido el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Raimundo Lafuente.

El Gobierno de Aragón ha expuesto su predisposición para avanzar hacia un Pacto Nacional del Agua, participativo e inclusivo, en el marco del principio de unidad de cuenca. La posición del Gobierno de Aragón parte de los derechos y principios de la política territorial y de aguas contenidos en el Estatuto de Autonomía de Aragón, que recoge la obligación de los poderes públicos aragoneses de evitar transferencias de agua de las cuencas hidrográficas de las que forma parte la Comunidad Autónoma.

Para el Gobierno de Aragón “existe una línea roja que es el Estatuto de Autonomía que vela por evitar que los recursos hídricos de la cuenca del Ebro se destinen al desarrollo económico de otros territorios”, ha señalado el Secretario General Técnico, José Luis Castellano, quien además considera que “la España del interior tiene unos desequilibrios intrínsecos que no se dan en la costa”.

En este sentido, el Secretario General Técnico ha manifestado “la preocupación del Ejecutivo autonómico en relación a las trasferencias de agua como recoge el plan de Cataluña aprobado por el Ministerio, que considera que los déficits estructurales en su cuenca deben cubrirse con el Plan Hidrológico Nacional”.

Asimismo, Castellano ha recordado que “el complejo agroalimentario es clave del desarrollo económico, rural y territorial de Aragón, por lo que es una condición necesaria avanzar en la modernización y mejora de la eficiencia del agua de los regadíos existentes, y culminar los regadíos ya aprobados”. Por ello, se ha transmitido al Ministerio la necesidad de asegurar la garantía de suministro de agua, especialmente en los subsistemas del río Aragón, del río Jalón, y del Gállego-Cinca, lo que obliga a considerar estratégica la puesta en servicio de las obras de regulación en los citados sistemas (Yesa, Mularroya, Biscarrués-Almudévar) .

Por otra parte, se la ha trasladado al Ministerio el estudio y consideración de una serie de medidas en materia de “la gobernanza de los usos del agua, a través de procesos de innovación institucional, tanto de los organismos de cuenca como de las comunidades de regantes”. Con la intención de aumentar sus capacidades y posibilidades de gestión, de tal forma que aporten una mayor eficacia y transparencia en la gobernanza, regulación y aprovechamiento de los usos del agua.

En relación con las mejoras sobre la calidad de las masas de agua y buen estado del dominio público hidráulico, se le ha expuesto al Ministerio la necesidad de establecer mecanismos y herramientas de control de los actuales problemas por contaminación difusa (nitrógeno y fosfatos provenientes de la fertilización orgánica y mineral, y pesticidas-biocidas) que afectan a la calidad de nuestras masas de agua, así como la necesidad de concretar un régimen específico para el tratamiento y depuración de las aguas residuales urbanas de pequeños municipios.

De la misma forma, se ha incidido muy especialmente en relación con la calidad de las aguas en la Cuenca del Ebro, en la potencial contaminación de las aguas del Gállego y del Ebro derivada de los residuos generados por la fabricación del lindano en Sabiñánigo (Huesca). Aragón ha elaborado un plan estratégico a largo plazo que dada su magnitud debe abordarse desde el ámbito estatal.

Otra de las cuestiones puesta encima de la mesa en la reunión ha sido la importancia de una gestión integral del riesgo de inundación en el tramo medio del Ebro (Ribera Alta y Ribera Baja) a través del desarrollo de actuaciones prioritarias y medidas de reducción de la vulnerabilidad de la población ribereña. Asimismo, para aquellos municipios cuyo término municipal se encuentre en más de un 80% afectado por zonas inundables, se propone establecer la calificación de “municipios de alta peligrosidad ante el riesgo de inundación”, con la aplicación de un régimen específico de actuaciones estructurales, así como el establecimiento de compensaciones en materia agroambiental y del sistema de seguros agrarios.

Se ha insistido al Ministerio en la necesidad de adecuar la regulación normativa sobre las zonas de flujo preferente y áreas de inundabilidad temporal controlada, en orden a definir las capacidades de actuación de las distintas administraciones para facilitar la disponibilidad de terrenos en dominio público hidráulico y declaración de las actuaciones de interés general.

Por último, se ha establecido la posición de la Comunidad Autónoma en orden a determinar la necesidad de ampliar el concepto de restitución territorial del actual artículo 130.4 de la Ley de Aguas. Se ha instado al Ministerio a aplicar dicho artículo no sólo con respecto a aquellas actuaciones declaradas de interés general del Estado, sino a todos aquellos supuestos de obras de regulación o aprovechamientos hidroeléctricos que supongan la necesaria restitución del equilibrio socioeconómico de los municipios afectados. Este requerimiento responde a la reivindicación de los núcleos afectados por saltos hidroeléctricos de obtener una compensación equitativa por las evidentes afecciones que dichas instalaciones provocan en sus términos municipales.