Los nuevos límites entrarán en vigor el 14 de marzo, pero se aplican con carácter retroactivo.

Unión de Uniones se hace eco de que la Comisión ha adoptado hoy unas normas revisadas en materia de ayudas estatales en el sector agrícola (la llamada ayuda de minimis), aumentando el importe máximo que las autoridades nacionales pueden asignar como apoyo a los agricultores y ganaderos sin necesidad de la aprobación previa de la Comisión. Esta decisión facilitará que los países de la UE aumenten las ayudas a los agricultores sin distorsionar el mercado, reduciendo al mismo tiempo la carga administrativa para las autoridades nacionales.

Phil Hogan, comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, ha declarado lo siguiente: «La propuesta de la Comisión de nuevas normas sobre ayudas estatales para el sector agrícola refleja el valor de esta forma de apoyo en tiempos de crisis. Al aumentar el importe máximo de las ayudas, las autoridades nacionales dispondrán de mayor flexibilidad y podrán reaccionar de manera más rápida y eficaz en apoyo de los agricultores vulnerables. En algunos casos, el importe de las ayudas estatales que podrán concederse a cada agricultor se incrementará en un 66 %. Estas nuevas normas seguirán complementando las normas habituales sobre las ayudas estatales notificadas, que los Estados miembros podrán seguir aplicando».

Unión de Uniones de Castilla-La Mancha, recuerda que cualquier autoridad, desde el Ministerio, hasta las Consejerías e incluso Ayuntamientos y Diputaciones, puede acudir a conceder este tipo de subvención de mínimis para ayudar a las explotaciones agrarias en dificultades de su ámbito territorial sin pedir autorización a Bruselas; eso sí, en base a sus propios recursos presupuestarias y sin apoyo financiero de la Unión Europea. La organización considera positivo que se amplíe así el margen que el Estado miembro tiene para apoyar medidas de apoyo en caso de dificultades o crisis sectoriales.

El importe máximo de las ayudas que podrán distribuirse por explotación y período de tres años pasará de 15.000 a 20.000 euros en situaciones ordinarias. Para evitar posibles falseamientos de la competencia, cada país de la UE tiene un importe nacional máximo que no podrá superar. Además, el importe máximo nacional de ayuda se fijará en el 1,25 % de la producción agrícola anual del país durante el mismo período de tres años (frente al 1 % de la normativa actual). Se trata de un aumento del límite máximo nacional del 25 %.

Además, si un país no gasta más del 50 % de su dotación total de ayuda nacional en un sector agrícola concreto, tendrá la posibilidad de aumentar aún más la llamada ayuda de minimis por explotación hasta 25.000 EUR, y el máximo nacional hasta el 1,5 % de la producción anual. Esto representa un aumento del 66 % en el límite máximo por agricultor y un aumento del 50 % en el límite máximo nacional.

En el caso de los países que opten por ese límite máximo, las nuevas normas exigen la creación de registros centrales obligatorios a nivel nacional. Esto facilitará el seguimiento de las ayudas concedidas para simplificar y mejorar la entrega y el control de las llamadas ayudas de minimis.

El aumento de los límites máximos entra en vigor el 14 de marzo y podrá aplicarse retroactivamente a las ayudas que cumplan todas las condiciones.

¿Que son las ayudas de mínimis?

Según las normas de la UE sobre ayudas estatales, los Estados miembros de la UE deben notificar las ayudas estatales a la Comisión y no pueden aplicar la medida hasta que esta haya sido autorizada por la Comisión. Sin embargo, cuando los importes de la ayuda son lo suficientemente pequeños, como es el caso de las ayudas de minimis, los países de la UE no necesitan notificarlas a la Comisión ni tampoco obtener su autorización. Debido a su cuantía, la ayuda no supone una amenaza para la competencia y el comercio en el mercado interior.

Los Estados miembros suelen utilizar la ayuda de minimis cuando necesitan actuar rápidamente sin establecer un régimen de conformidad con las normas sobre ayudas estatales, especialmente en tiempos de crisis.

En la Unión Europea el sistema se ha usado para aprobar medidas para fines muy específicos, por ejemplo para ayudar a prevenir o erradicar enfermedades de los animales en cuanto se produzca un brote, o para indemnizar a los agricultores por los daños causados por animales que no están protegidos por la legislación de la UE o nacional, como los jabalíes.

En España se han utilizado en ocasiones en situaciones de crisis en el algunos sectores, como el lácteo, o el porcino, o para indemnizar determinados daños en plantaciones por climatología adversa que no entraban en las coberturas del seguro agrario.