«Los precios de venta deben ser siempre superiores a los costes de producción», ha afirmado este miércoles el ministro Luis Planas, minutos antes de firmar en Mérida un acuerdo dirigido a modernizar y consolidar los regadíos en Extremadura. Según Planas, este nuevo proyecto de ley «completará» el anterior decreto «en relación con otros aspectos».

A finales de junio, el Consejo de Ministros presentó esta nueva modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria, que amplía la «lista negra» de prácticas desleales, el alcance de las sanciones y otras medidas para corregir desequilibrios de precios, que perjudican al agricultor y al ganadero.

El Gobierno examinó, en primera lectura, el anteproyecto de ley para modificar dicha normativa, con el fin de avanzar en los pasos para fomentar un mayor equilibrio en las relaciones entre los distintos eslabones agroalimentarios (agricultores, industria y supermercados), según dijo entonces el propio Luis Planas.

En su opinión, la reforma parcial por el decreto ley aprobado en febrero «supuso un paso adelante muy importante» desde el punto de vista de la negociación entre todos los elementos de la cadena: productores, agricultores, ganaderos, industria y distribución.

Pese a todo, este proyecto de ley que se va a aprobar este otoño sigue provocando muchas ensiones en el sector, en especial por una parte de las cooperativas agroalimentarias, que ven que puede significar un duro revés para el propio sector, a la vez que insiste en que se debe determinar con claridad quién es el encargado de fijar los cotes de producción para determinar su valor final.