Ayer, 13 de mayo, se celebró una videoconferencia de Ministros de Agricultura, con la participación de los comisionados de la UE Janusz Wojciechowski y Virginijus Sinkevičius, para discutir las medidas ya vigentes, así como las posibles acciones futuras a nivel nacional y europeo para contrarrestar el impacto negativo de la pandemia de COVID-19 en el sector agrícola.

Los ministros se mostraron satisfechos de que la producción y el suministro de alimentos están asegurados y que los sectores hayan demostrado su resistencia y la disponibilidad de alimentos suficientes y de buena calidad para los consumidores europeos a precios asequibles. Esto era una prioridad para la UE en estos tiempos difíciles.

En cuanto a la producción agrícola, se pusieron sobre la mesa peticiones (“mensajes claros y llamamientos”, dice la nota oficial del Consejo) a la Comisión para implementar medidas adicionales a las ya adoptadas, tanto en términos de relajar aún más las reglas actuales de la PAC, por ejemplo en relación con los controles sobre el terreno o el aumento de las ayudas asociadas, pero también otras que requerirían más recursos financieros. Se solicitó la activación del almacenamiento privado y otras medidas de mercado para sectores como aves de corral, carne de cerdo y vacuno y patatas, por nombrar solo algunos de los citados en el Consejo.

Además, algunos sectores para los que ya se han adoptado algunas decisiones, necesitarán actuaciones adicionales, de acuerdo con las intervenciones de los ministros. Esto se relaciona principalmente con los sectores lácteo y vinícola.

Concretamente el Ministro español, Luís Planas, según nota oficial del MAPA, reclamó la ampliación del paquete de medidas COVID19 y su dotación económica, pidiendo atención especial para el sector ovino y caprino, así como financiación adicional para las medidas que se está estudiando adoptar en España en el marco del PASVE para el sector del vino (destilación de crisis, almacenamiento privado y vendimia en verde). Igualmente se expresó por parte española la necesidad de medidas a corto plazo para equilibrar el mercado del aceite de oliva, flexibilidad en los programas operativos de frutas y hortalizas para poder tener en cuenta los costes de aplicación de aciones de prevención contra el COVID19 y que no haya penalizaciones al Estado miembro o pérdida de fondos se los pagos PAC se retrasan más allá del 15 de octubre, como consecuencia del coronavirus. Esto último, podría no ser una tan buena noticia para agricultores y ganaderos, ya que indicaría que el Ministerio teme no llegar a tiempo para realizar los pagos. Recordamos que los pagos de la PAC de un año determinado se pueden pagar hasta el 30 de junio del año siguiente y, excepcionalmente, se pueden seguir realizando hasta el 15 de octubre. Más allá de esta fecha los fondos no pagados pueden perderse (es decir, Bruselas no se haría cargo de los mismos) o el Estado miembro incurrir en penalizaciones.

La mayoría de los ministros reflexionó sobre el hecho de que sin recursos financieros adicionales será casi imposible apoyar adecuadamente a los sectores perjudicados. Conscientes de las limitaciones presupuestarias realistas, los Ministros subrayaron que la Comisión debería explorar todas las opciones disponibles, en primer lugar para analizar los ingresos asignados existentes.

Algunos países mencionaron la Reserva de Crisis, reflexionando acerca de que ha llegado el momento de activarla, mientras que otros sostienen que todas las demás opciones deberían agotarse antes de seguir ese camino.

Ayudas COVID19 dentro de los PDR

Durante la videoconferencia la Comisión presentó una propuesta de reglamento para modificar el correspondiente a las ayudas de desarrollo rural que permitiría a los Estado miembros que el 1% de los PDR pueda dedicarse a ayudas para el COVID19 de hasta 5.000 euros para explotaciones y 50.000 para empresas.

La ayuda se trataría de una cantidad a tanto alzado y el Estado miembro (en este caso, las Comunidades Autónomas, que son las responsables de sus PDRs) deberá establece las condiciones para acceder a la misma y los criterios de selección. Esta ayuda debería estar pagada antes de finalizar 2020.

No significaría, en ningún caso, que el PDR en el que se implementara la medida fuera a contar con más fondos europeos, sino que deberá redistribuir los que ya tiene.

Esta propuesta fue bien recibida, aunque por parte de muchas delegaciones se señaló que no podrán aprovechar la oportunidad que ofrece ya que no hay más fondos disponibles bajo el segundo pilar, si bien, incluso esos Estados miembros se mostraron dispuestos a apoyar la propuesta. La posición española fue considerar insuficiente el tope del 1% y las cuantías máximas establecidas escasas.

Esta propuesta no deja de ser hasta cierto punto un regalo envenenado, según Unión de Uniones de Castilla-La Mancha. Las que tendrán más posibilidades de ponerla en marcha serán aquellas que vayan más retrasadas con sus PDRs y corran el riesgo de no agotar sus fondos. Sin embargo, las Comunidades Autónomas “cumplidoras” lo tendrán más complicado y, si quieren ponerla en marcha deberán priorizar esta ayuda sobre otras ya contempladas en sus PDRs. La decisión no será fácil, y no se podrá tomar (o al menos, no se debería tomar) sin el acuerdo de los agricultores y ganaderos.