Esta información es básica para evaluar cómo ha funcionado la Directiva Marco del Agua. Los resultados la evaluación apuntan a que no se ha mejorado de forma significativa el estado de los ríos, humedales y acuíferos europeos en comparación con el anterior periodo 2009-2015. La conclusión principal que la Comisión Europea extrae de esta evaluación es que queda mucho por hacer por parte de los Estados miembros para lograr los objetivos de la Directiva Marco del Agua y las Directivas conexas.

En el caso de España, la Comisión Europea ha puesto de manifiesto en varias ocasiones las graves deficiencias en la implementación de políticas europeas. En el caso de la Directiva Marco del Agua y las Directivas relacionadas, la Comisión Europea ha trasladado recientemente al Tribunal de Justicia Europeo los casos de la gestión del agua en el entorno de Doñana, del incumplimiento en la protección de inundaciones en las Islas Canarias y de la falta de depuración de aguas residuales en algunas aglomeraciones urbanas.

Este nuevo informe vuelve a incluir fuertes críticas a la gestión del agua llevada a cabo durante los últimos años por España. Las autoridades españolas no han sido capaces de resolver los problemas internos del agua relacionados con la gestión de las demandas y tampoco de cumplir con los objetivos ambientales y de protección del agua, previstos en las Directivas europeas. En el Informe de aplicación anterior (publicado en 2015), España ya recibió 37 recomendaciones para mejorar su gestión del agua, siendo el país con mayor número de indicaciones por parte de las instituciones europeas.

El nuevo informe reconoce que España ha aplicado las recomendaciones de la CE en 6 de los casos. Sin embargo, España solo ha aplicado parcialmente el resto de las recomendaciones, y en 7 de ellas, no se ha avanzado nada. Hemos mejorado muy poco en estos últimos años y esto se refleja en los fallos reiterados a la hora de poner en marcha las medidas de los Programas de Medida de los Planes hidrológicos españoles. Esto no es solo responsabilidad de las administraciones del agua, sino también de aquellas responsables de la política agrícola, del urbanismo o de la minería y la industria, que muchas veces dependen directamente de las Comunidades Autónomas. Los esfuerzos de las administraciones no parecen estar coordinados por una estrategia enfocada a resolver los problemas del agua en España y a cumplir con las Directivas europeas. De hecho, la Comisión Europea vuelve a proponer a España 25 recomendaciones para los próximos años.

El informe de evaluación de los segundos planes hidrológicos europeos, incluye un anejo específico para cada uno de los Estados miembros. En el caso de España los siguientes puntos resumen la evaluación:

• Se reconoce el esfuerzo del trabajo técnico de las administraciones del agua, por ejemplo, en la aplicación de indicadores, la justificación de excepciones, o los datos económicos, así como la creciente cooperación con Portugal, sobre todo en el caso de la demarcación hidrográfica del Guadiana.
• Sin embargo, el sistema de clasificación usado en España para determinar en qué estado se encuentra una masa de agua está lejos de su homologación (que en términos de la Directiva Marco se conoce como “intercalibración”) con otros países europeos. La Comisión Europea considera que la evaluación del estado de los ríos, humedales y acuíferos españoles es poco robusta con relación algunos indicadores químicos, con los indicadores hidromorfológicos y sobre todo, con algunos indicadores biológicos, como son las especies de peces. En los segundos planes hidrológicos españoles se aplica en demasiados casos el ‘criterio de experto’ sin más justificación.
• Los segundos planes hidrológicos españoles no están aplicando todas las medidas para reducir las presiones identificadas (extracciones, contaminación, deterioro físico) y mejorar el estado de los ríos, humedales y acuíferos. Para la Comisión Europea resulta evidente que queda mucho trabajo pendiente para poder asociar usos a presiones, y lograr que estos usuarios cambien sus prácticas.
• Una buena parte de los análisis de las cuencas españolas se basa en encuestas y modelos que simulan las presiones y sus efectos, pero no en datos reales medidos a través de programas de seguimiento. La Comisión Europea vuelve a recomendar a España que haga más esfuerzos en la medición de los caudales extraídos de los ríos y acuíferos, y a todos los usuarios del agua. Esta medida es clave para la agricultura de regadío, tanto para controlar el uso legal como para eliminar los usuarios ilegales. Un ejemplo especialmente llamativo de la aplicación de modelos es el de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir, en la que el plan hidrológico 2016-2021 incluye un incremento de un 17% (de 7.043 hm3/año a 8.260 hm3/año) de los recursos de agua disponibles. Este aumento se debe simplemente a cambiar el modelo utilizado para estimarlos, a pesar de que las previsiones del impacto negativo del cambio climático reducen la disponibilidad de los recursos hídricos entre un 6 y un 11%.
• La Comisión Europea considera que las redes de monitoreo de las masas de agua en España son insuficientes. De acuerdo con la información de los segundos planes hidrológicos se ha reducido el número de puntos de muestreo y ha existido una falta de monitoreo durante varios años, al parecer por la falta de recursos económicos dedicados a estas cuestiones. A modo de ejemplo, en 84 masas de agua subterráneas no hay monitoreo de sus indicadores de cantidad, y solo en el 54% de los acuíferos españoles se hace un seguimiento de los indicadores de calidad del agua.
• España ha aplicado numerosas excepciones al cumplimiento de la Directiva, tanto en los primeros como en los segundos planes hidrológicos, con el argumento de que la mayor parte de los objetivos ambientales se van a lograr entre 2022 y 2027. Las autoridades españolas han apoyado esta estrategia de dejar el trabajo para los gobiernos del futuro durante años, sin establecer si España espera cumplir con el buen estado de todos nuestros ríos, humedales y acuíferos en 2027, 2033 o en 2050. La realidad que muestran los documentos de planificación hidrológica vigentes es que no se están dedicando los esfuerzos necesarios para cumplir con los plazos marcados por la Directiva, al tiempo que se mantienen medidas que pueden poner en riesgo alcanzar dichos objetivos. A modo de ejemplo, el plan hidrológico del Ebro prevé 700,000 nuevas hectáreas de regadío y varias decenas de embalses, que no se justifican económicamente y para los que no se ha evaluado el impacto del cambio climático para valorar su utilidad futura.
• De acuerdo con la evaluación de la Comisión Europea, España ha aportado nuevos datos sobre quién se beneficia con el uso del agua, y cuánto se cobra por los servicios relacionados con el agua en comparación con lo que recogían los planes hidrológicos de 2009-2015. Sin embargo, el cumplimiento formal de recoger un anejo específico sobre la recuperación de costes y un análisis económico del uso del agua no asegura que los planes hidrológicos aplican de forma completa del principio de “quién contamina (deteriora), paga”, ni que en España exista una “una política de precios del agua que incentive el uso racional de los recursos”. A modo de ejemplo, 1 de cada 4 acuíferos en España están sobreexplotados y en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo de acuerdo con los segundos planes hidrológicos, y a pesar de ello no se paga un solo céntimo de euro por el metro cúbico de agua subterránea extraída. En el documento de WWF España “¿Quién paga el agua en España?” se analizan los aspectos relativos a la recuperación de costes de los servicios del agua y se proponen cambios en los instrumentos económicos españoles para avanzar en la aplicación de esta herramienta básica que propone la Directiva Marco del Agua. Las propuestas de WWF están alineadas con la preocupación de la Comisión Europea y sus recomendaciones. El argumento de la falta de recursos económicos para aplicar los Programas de Medidas para recuperar el buen estado de las masas de agua en España no puede mantenerse, cuando existe un amplio margen para avanzar en la recuperación de costes y asegurar, entre otras cosas, que se movilizan los fondos necesarios.
• El resultado de la evaluación de la Comisión Europea muestra la preocupación por el tratamiento limitado que España ha dado a los espacios naturales protegidos en los segundos planes hidrológicos. En general se desconocen las necesidades hídricas, en términos de cantidad y calidad del agua, que requieren estos espacios protegidos para mantener su biodiversidad y funcionalidad. Además, en aquellos en los que se han estudiado de alguna manera estas cuestiones, los resultados de estas investigaciones no siempre se han incorporado adecuadamente en los planes de gestión. Tampoco se están aplicando las medidas necesarias para asegurar que se está avanzando en el conocimiento de estas necesidades hídricas. Un ejemplo claro de esta acción insuficiente es la decisión reciente de la Comisión Europea de demandar a España ante el Tribunal de Justicia Europeo, por el uso masivo ilegal del agua en el entorno Doñana.
• Por último, la situación de las Islas Canarias merece una mención aparte. La Comisión Europea ha destacado la falta de gobernanza y los retrasos de tres años en la adopción de los Planes Hidrológicos, además de su pobreza en contenidos y medidas que éstos recogen para mejorar la gestión del agua en las Islas Canarias. A modo de ejemplo, en las Islas Canarias por decreto legislativo de las autoridades regionales, no se analiza el estado de arroyos, embalses o lagunas, lo que supone una infracción discrecional de las obligaciones asumidas por España para el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua.

Desde WWF España creemos que el informe de la Comisión Europea no ha recogido en detalle otras cuestiones propias de la gestión del agua en España.Por ejemplo, la aprobación de los Planes de Sequía (PES) en Enero de 2019, supone que a partir de ahora se pueden incumplir las normas de protección ambiental previstas, como son la restricción ambiental de los caudales ecológicos mínimos recogidos en los segundos planes hidrológicos, un día de cada cinco de acuerdo con el sistema de indicadores recogido en estos planes especiales de sequía. Otro ejemplo en el que la Comisión Europea no ha incidido es en la aparente incapacidad de la administración para poner en marcha las medidas establecidas en los Planes de Ordenación de Extracciones para los acuíferos sobreexplotados, reconocidos actualmente en la legislación española. Un caso paradigmático es el del acuífero de Pegalajar (en la provincia de Jaén), cuyo Plan Anual de Extracciones se aprobó en 2006, y cuyas medidas en su mayoría no se han implementado aún, 28 años después de la desecación de la Fuente de la Reja a causa de la sobreexplotación.

La Comisión Europea ha establecido en el informe de evaluación de los segundos planes hidrológicos 25 recomendaciones para España, de las cuales se consideran prioritarias las siguientes:

• Velar por que los terceros planes hidrológicos de cuenca se aprueben a tiempo, respetando los requisitos del proceso de participación pública requerido.
• Hacer un uso extendido de los caudalímetros, para asegurar que se midan y registren todas las captaciones, y que los permisos se adapten a los recursos realmente disponibles. La Comisión urge a España a garantizar que los usuarios informen periódicamente a las autoridades del agua sobre los volúmenes realmente captados, sobre todo en aquellas demarcaciones hidrográficas que presentan presiones de captación significativas.
• Asegurar que los terceros planes hidrológicos aplican correctamente el artículo 9 relativo a la recuperación de costes de los servicios del agua, lo que incluye el cálculo y la internalización de todos los costes ambientales y de los costes de los recursos;
• Asegurar que se especifican las necesidades hídricas, en términos de cantidad y calidad, de los hábitats y especies protegidos en España, y de que éstas se traduzcan en objetivos específicos para cada zona protegida, identificando asimismo los mecanismos de seguimiento y las medidas pertinentes.

Desde WWF España llevamos años reclamando a las autoridades españolas mayor ambición y compromiso con la aplicación de la Directiva Marco del Agua. No podemos permitirnos seguir dilatando su implementación. Este nuevo informe de la Comisión Europea vuelve a incidir en los problemas de no cumplir con esta Directiva Europea y constata una vez más la falta de acción suficiente de España. Por ello solicitamos a los responsables políticos y gestores del agua en España que cumplan con esta norma y que no sigan permitiendo el deterioro de las masas de agua indefinidamente.

A pocos días de que la Comisión Europea cierre la consulta pública sobre la pertinencia dela DMA el próximo 12 de marzo, desde WWF España animamos a todos los ciudadanos a que participen en la misma a través de la página web de WWF . Firmando nuestra petición estarán mandando un mensaje claro de que la DMA no debe modificarse y debe mantenerse fuerte para proteger nuestras fuentes de agua, los ecosistemas acuáticos. El informe que acaba de presentar la Comisión Europea pone de manifiesto que los esfuerzos deben dedicarse a poner en marcha las medidas para mejorar el estado de los ríos humedales y acuíferos, y no a modificar esta norma única en el mundo para asegurar el agua para la naturaleza y la sociedad.