La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE) ha pedido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que no abandone las inversiones en modernización de regadíos ni las traslade en su totalidad al Ministerio de Agricultura, tras la reciente presentación de la nueva planificación hidrológica.

En opinión de los regantes, el Ministerio que ostenta las competencias sobre el agua no puede renunciar a algo básico y fundamental como es su ahorro. Además, señalan que las confederaciones tienen las competencias de los grandes canales e infraestructuras que garantizan el abastecimiento y los regadíos, por lo que consideran que -al menos en esas infraestructuras- el Ministerio y las confederaciones deberían continuar colaborando y financiando las actuaciones.

En cualquier caso, FENACORE piensa que el primer reto de los nuevos planes hidrológicos es que se cumplan, porque los que se llevan planteando a lo largo de las legislaturas desde 1998, por razones diversas, no se han llevado a cabo. En este sentido, los regantes recelan de ellos debido, fundamentalmente, a la falta de credibilidad en la planificación hidrológica derivada del incumplimiento por parte de las distintas administraciones a lo largo de las últimas legislaturas de los acuerdos alcanzados con el regadío para elaborarlos.

Asimismo, FENACORE también expresa cierta desconfianza hacia una Administración que en los últimos tiempos parece amparar posiciones beligerantes y contrarias a los regadíos, obviando la importancia de disponer de agua garantizada en las correspondientes cuencas hidrográficas y su papel a la hora de asegurar la alimentación y el suministro, así como su contribución en la lucha contra el cambio climático y la despoblación de las zonas rurales.

En este marco, los regantes defienden un nuevo Plan Hidrológico Nacional que devuelva al Estado sus competencias y blinde la Constitución frente a las injerencias políticas en las distintas comunidades autónomas; ya que el interés localista o partidista está contaminando políticamente la gestión del agua, sobre todo, que discurre por más de una región. Y ello ha derivado en una maraña normativa con múltiples leyes de aguas y 17 administraciones hidráulicas diferentes, que hacen que el reparto no responda a criterios técnicos y que, en algunos casos, vulnere la Carta Magna sin que se persiga el bien común como objetivo prioritario.