Somos los primeros en estudiar las posibles consecuencias de las Estrategias en su actual forma. Así es como, hace algunas semanas, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) presentó la primera evaluación de impacto de las Estrategias «de la granja a la mesa» y de Biodiversidad, dos elementos clave del Pacto Verde que se publicaron en mayo.

Por primera vez en Bruselas, en más de 13 años, leo la evaluación de impacto sobre una política central de la Unión Europea realizada por un organismo gubernamental no comunitario. ¿Es esto un hecho trivial? Ciertamente no; se trata más bien de un hecho simbólico, pero uno que debería preocupar también a quienes no sean agricultores y cooperativas agrarias de la UE.

Las Estrategias «de la granja a la mesa» y de Biodiversidad son políticas generales que influirán en el sector agrícola de múltiples formas. Ambas proponen varios objetivos y metas políticos, tales como la retirada del 10 % de las tierras agrícolas, la reducción del 20 % del uso de fertilizantes químicos, la reducción del 50 % del uso de plaguicidas químicos, el uso de 25 % de las tierras agrícolas para la producción ecológica, la plantación de tres mil millones de árboles y la reducción del 50 % del uso de antimicrobianos en el ganado.

Son objetivos que todos suenan bien a primera vista. No obstante, para los agricultores europeos y sus cooperativas, los grupos más afectados y los primeros en sufrir las consecuencias, la falta de una hoja de ruta o soluciones técnicas precisas es preocupante. Por sentido común deberíamos saber cómo se decidieron las cifras a fin de alcanzar estas metas, y cómo influirán en nuestra producción, el medio ambiente, los precios al consumidor, nuestra seguridad alimentaria y nuestras exportaciones.

Desde que se publicaron en el pasado mes de mayo las comunicaciones sobre estas estrategias y a pesar de los anuncios hechos por algunos comisarios que estiman que los estudios de impacto son un elemento clave para la buena gobernanza, no ha filtrado ningún documento o estudio de la Comisión Europea. A falta de esta información básica, tan sólo podemos especular.

¿Existe un estudio y, en caso afirmativo, por qué no ha sido publicado? Si no existe un estudio, ¿se ha anunciado una estrategia sin cuestionar la viabilidad de sus objetivos y repercusiones? ¿Hemos puesto el carro delante del caballo?

Teniendo esto presente, las conclusiones del USDA son las siguientes: En todos los escenarios, comprobamos que las reducciones de insumos propuestas afectan a los agricultores europeos, reduciendo su producción agrícola entre un 7 y un 12 % y disminuyendo su competitividad, tanto en los mercados nacionales como exportadores. Además, comprendimos que si se adoptaran estas estrategias, tendrían consecuencias que se extenderían mucho más allá de la UE, empujando al alza los precios de los productos alimenticios en todo el mundo entre un 9 % (adopción de las medidas únicamente a nivel de la UE) y un 89 % (adopción a nivel mundial), lo que afectaría negativamente a la economía de los consumidores y, en definitiva, reduciría el bienestar social mundial entre 96.000 millones de dólares a 1,1 billones de dólares, en función del grado en que otros países adoptan las estrategias. Estimamos que los precios más altos de los alimentos en estos escenarios incrementarán el número de las personas en situación de inseguridad alimentaria en las regiones más vulnerables del mundo entre 22 millones (adopción únicamente a nivel de la UE) y 185 millones (adopción a nivel mundial).

Aquí es donde radica la verdad incómoda, el ‘elefante’ en la habitación, que explica por qué la Comisión Europea está retrasando la publicación de su propia evaluación de impacto, por qué algunas ONG también piden un proceso más rápido que no tenga en cuenta estos elementos a riesgo de perjudicar el buen funcionamiento de los procesos democráticos de la UE.

¿Cómo explicar que un informe que indica claramente que podríamos enfrentarnos a una situación de inseguridad alimentaria y a un aumento de los precios al consumidor ha recibido tan poca cobertura en los medios de comunicación?

¿Por qué en este lado de la ecuación de la sostenibilidad esto no les parece preocupar a los principales responsables de la toma de decisiones de la UE?

¿Por qué los agricultores y las cooperativas agrarias europeos son los y las que deben recordar los hechos básicos, como los precios que se repercuten en los consumidores, la seguridad alimentaria europea o el posible impacto que podría tener en nuestros socios comerciales?

La agricultura no funciona sobre una base ideológica. La historia lo ha demostrado de forma constante; sin embargo, tendemos a olvidar esto. La transición a una visión teórica de la agricultura que estamos presenciando es preocupante porque no podemos comprometer las necesidades básicas de nuestros conciudadanos.

La agricultura es un sector como ningún otro, uno que puede orientarse hacia una misión, más allá de la producción de alimentos para velar por el bien común. Si acordamos trabajar juntos en pro de metas más ambiciosas, necesitamos soluciones concretas. Si queremos progresar rápidamente, pongamos los medios e identifiquemos todos los mecanismos concretos que se puedan poner en marcha, tales como los mecanismos de reducción de las emisiones de carbono. Demos visibilidad a los agricultores yendo hasta el final del proceso de la nueva PAC para que podamos invertir en bioeconomía, bioenergía, agrosilvicultura, agricultura de precisión y cadenas alimentarias más cortas.

Cuanto más tiempo nos limitemos a la teoría, sin hechos que respalden y sirvan de base para nuestro enfoque, cuanto más despacio vayamos. Es urgente que la Comisión publique su propia evaluación de impacto global. Esta evaluación de impacto y sus conclusiones probablemente equilibrarán el debate en curso en torno a la PAC, y nos obligarán a estudiar la complejidad de la ecuación de la sostenibilidad y ayudarán a trabajar en soluciones concretas para el medio ambiente, los consumidores y los agricultores y sus cooperativas.