La Orden del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de 2 de diciembre de 2019, acordó proceder a la elaboración del anteproyecto de Ley de Protección y Modernización de la Agricultura Familiar y del Patrimonio Agrario de Aragón. Elaborado un primer documento, entre abril y junio de 2020 fue sometido a consulta pública en el portal del Gobierno de Aragón y recibió aportaciones por parte de diversos agentes del sector.

A partir de estas, el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente ha elaborado un texto articulado que configura el anteproyecto presentado hoy al Consejo de Gobierno para su toma de conocimiento.

La agricultura familiar ha venido siendo el modelo sobre el que se ha basado la producción primaria de alimentos en Aragón y que, consecuentemente, ha resultado determinante en la configuración de nuestro medio rural, incluyendo el paisaje y sus condiciones ambientales. Sin embargo, el proceso de globalización de los mercados agrarios, así como la necesidad de elevadas inversiones para alcanzar los desafíos tecnológicos y de digitalización que se están produciendo en el sector para asegurar su sostenibilidad tanto ambiental como económica, está situando a este tipo de explotaciones en una posición de desventaja competitiva respecto de otros modelos de agricultura corporativa cada vez más extendidos.

Como consecuencia, se está produciendo una regresión del peso de este tipo de explotaciones familiares en las cifras macroeconómicas del sector. De hecho, la fracción de Renta Agraria imputable al modelo de agricultura familiar alcanza ya en estos momentos apenas el 20% de la Renta Agraria total en Aragón.

La inexistencia de un sistema de identificación y de criterios de caracterización del modelo de agricultura familiar impide hacer un seguimiento de la misma y, sobre todo, lograr un apoyo público más eficaz y específico. Lo cual pone en riesgo de pervivencia no únicamente el modelo familiar agrario en sí mismo, sino también aquellos bienes públicos que de él se derivan como el mantenimiento de población en el territorio, el paisaje y la cultura rurales.

El Anteproyecto de Ley aborda esta cuestión, estableciendo los criterios de definición del modelo de agricultura familiar, así como la prioridad de los agricultores y ganaderos que lo conforman en las diferentes líneas de apoyo público a la producción agraria que implemente la administración autonómica.

Por otra parte, plantea una modernización de las diferentes políticas públicas en el ámbito de inversiones en infraestructuras agrarias. Para ello, plantea una nueva regulación en cuanto a planificación, financiación y gestión del agua en actuaciones en el ámbito del regadío de modo que, partiendo del liderazgo de las propias comunidades de regantes, se asegure la sostenibilidad tanto el plano económico como en el ambiental, permitiendo que esta política siga siendo una herramienta útil en la fijación de la población en el medio rural. También establece una nueva regulación en materia de reordenación de la propiedad.

Finalmente, modifica la estrategia de gestión del Patrimonio Agrario, preservando la propiedad pública del mismo a modo de banco de tierras y establece procedimientos ágiles que le hagan contribuir de manera eficaz a la incorporación de jóvenes al sector y al incremento de la renta agraria, fomentando la creación y consolidación de explotaciones vinculadas al modelo de agricultura familiar social y económicamente viables.