El Gobierno de Aragón, haciéndose también eco de lo demandado por los ayuntamientos de los municipios afectados por las avenidas del Ebro así como del sentir mayoritario de la población ribereña, insta al Gobierno de España para que, en el marco de la unidad de cuenca y de sus competencias sobre control, defensa y protección del dominio público hidráulico, comprometa la asignación de 80 millones de euros al propósito de reducir convenientemente la peligrosidad y vulnerabilidad del tramo aragonés del río Ebro frente a las inundaciones y que debe ejecutarse entre 2018 y 2020.

Los elevados costes públicos, asociados a las indemnizaciones y restitución de infraestructuras, y privados, asociados a las pérdidas productivas y de bienestar, que se derivan de la elevada recurrencia de las avenidas del Ebro justifican un incremento en el nivel de inversión en la reducción de dicha recurrencia, así como de la vulnerabilidad de los usos y de las poblaciones.

La riada de 2015 se saldó con el pago de 37,15 millones euros en indemnización de daños (31,18 millones aportados por el Gobierno de Aragón, 3,67 millones por Agroseguro y 2,30 millones por el MAPAMA).

Asimismo, el Gobierno de Aragón introdujo la Medida de Agroambiente y Clima que, en el seno del Programa de Desarrollo Rural 2014-2021, se ha aplicado desde 2017. Se trata de una ayuda específica de 280 €/ha anuales para quienes se comprometan a gestionar y cultivar bajo determinadas condiciones superficies agrícolas ubicadas entre el lado exterior de las motas y el propio río. En el primer año de aplicación se han acogido 600 hectáreas.

La protección permanente de los núcleos urbanos frente a las avenidas con periodos de retorno de 25 años y caudales máximos orientativos de 3.500 m3/segundo, debe ser una prioridad absoluta frente a cualquier otro interés que debe lograrse, preferentemente, mediante la mejora de la capacidad de evacuación del cauce tal y como ocurre desde hace tiempo en la ciudad de Zaragoza.

Consecuentemente, el Gobierno de Aragón plantea que, a las medidas como el retranqueo, adecuación o eliminación de motas, la apertura de cauces de alivio, la creación de zonas de inundación controlada, así como la adaptación de los usos e infraestructuras agrarias; deben sumarse operaciones de “limpieza” del cauce y de las riberas, entendiendo por ello las operaciones de acondicionamiento, restauración y mantenimiento hidráulico y forestal. Incluyendo los dragados puntuales necesarios, encaminados a evitar la consolidación de barreras al flujo del agua, favoreciendo una dinámica fluvial coherente con los objetivos de la Directiva de Inundaciones.

La protección permanente de los núcleos urbanos exige abordar trabajos forestales de desbroce, clareo y retirada de restos vegetales que eviten la consolidación de barreras al flujo del agua en el cauce preferente actual de los entornos urbanos. También se precisan trabajos de dragado local que garanticen la capacidad hidráulica de dicho cauce preferente. Todo ello además de las medidas estructurales y de gestión que resulten pertinentes.

El Gobierno de Aragón reafirma su compromiso con el ejercicio eficaz, leal y responsable de sus propias competencias en materia de agricultura, medio ambiente, ordenación territorial, protección civil y todas las que confluyen sobre el río y su llanura de inundación. También con el impulso de la acción coordinada sobre el dominio público hidráulico del río, para que la Administración General del Estado, competente para su administración, control y protección, la lleve a cabo.

El Ejecutivo autonómico considera imprescindible adoptar el enfoque de unidad de cuenca para la gestión de los riesgos de inundación.

El ámbito geográfico de las actuaciones comprende el tramo medio de la ribera aragonesa del río Ebro con mayor afección e incidencia de riesgo de inundación, tramo comprendido entre los municipios de Novillas y Caspe, ambos incluidos. Comprende 32 términos municipales, con una población total de 731.000 habitantes que, excluida la ciudad de Zaragoza, incluye 64.400 habitantes.

El Gobierno de Aragón tiene el empeño de mejorar la cooperación y coordinación interadministrativas y con ese objetivo, desde el mismo inicio de la IX legislatura, ha venido impulsando la periódica reunión de representantes de las tres administraciones públicas territoriales, en el nivel local (Ayuntamientos y Diputación Provincial de Zaragoza), autonómico (Gobierno de Aragón) y estatal (Confederación Hidrográfica del Ebro), lo que ha facilitado la interlocución entre los alcaldes y responsables del Gobierno de Aragón y de la Confederación Hidrográfica del Ebro en el tratamiento de todas las cuestiones relacionadas con la gestión de la inundación.