La investigación, llevada a cabo por agentes del Grupo Roca de Carmona (Sevilla), comenzó a finales del mes de mayo, cuando varias personas acudieron a la Guardia Civil para denunciar que habían estado trabajando en la recolección de ajos sin haber cobrado por las tareas realizadas y sin haber sido dados de alta en la Seguridad Social. Los investigadores consideran probados distintos delitos contra los derechos de los trabajadores, según la nota.

LOS AGRICULTORES TAMBIÉN ERAN ESTAFADOS YA QUE LES OFRECÍA SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRAMITACIÓN DE  LA SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS SOCIALES QUE LUEGO NO HACÍAN

Los detenidos actuaban de intermediarios con agricultores que necesitaban personal para la recolección de ajos durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus y conseguían cuadrillas a cuyos peones no daban de alta en la Seguridad Social.

Los agricultores también eran estafados por los miembros de la red, ya que dicha organización les ofrecía servicios de recolección, tramitación de documentación a la Seguridad Social y seguros sociales, sin que los agricultores tuviesen conocimiento de la ilegalidad con la que estas personas actuaban.

A veces, incluso, llegaban a pagar por segunda vez por los trabajos realizados, pero en esta ocasión directamente a los jornaleros.

La red captaba a personas extranjeras sin residencia legal en España, por lo que no podían ser dadas de alta en la Seguridad Social, de forma que quedaban a merced de lo que el contratante les quisiera pagar por su trabajo.

Para captar y contratar mano de obra temporal utilizaban contactos anteriores, ofreciendo trabajos como manijeros o mediante la publicación de anuncios a través de conocidas páginas web.

Tras la conformación de las plantillas se les facilitaba la ubicación de las explotaciones donde iban a realizar los trabajos y, en la mayoría de los casos detectados, los contratados no llegaban a cobrar por las jornadas trabajadas.

Con la documentación aportada por los perjudicados y otros testigos, entre la que figuran listas manuscritas con filiaciones de personas que supuestamente estuvieron realizando trabajos en las fincas de Sevilla y Córdoba, los investigadores han constatado al menos 161 personas trabajando, 45 de las cuales han decidido denunciar. Los trabajadores eran de distintas nacionalidades: paraguayos, hondureños, rusos, nicaragüenses, rumanos, senegaleses y españoles.

Los miembros de la red de contratación ilegal se protegían con seguridad privada cuando iban a las fincas por temor a ser agredidos por los jornaleros que ya los conocían de trabajos anteriores, pues no solo no habían cobrado los honorarios pactados por los trabajos realizados, sino que habían sido vulnerados todos sus derechos.