Este nuevo marco normativo, además de suponer un cambio significativo en la política de regadíos, otorga el protagonismo a las Comunidades de Regantes, que a diferencia de lo que sucedía antes, ahora son quienes promueven y ejecutan los proyectos de creación y modernización, con el apoyo y financiación a 25 años por parte del gobierno de Aragón.

En este sentido, el Consejo de Gobierno de este miércoles ha dado luz verde a la firma de dos nuevos convenios de colaboración con las Comunidades de Regantes de Sifón de Cardiel, en la provincia de Huesca, y del Sector XIII-A Monegros Sur, en Zaragoza.

La colaboración con estas entidades permitirá poner fin a dos proyectos de creación de regadíos que llevaban años de espera, habiendo finalizado las concentraciones parcelarias, entregado a los propietarios las fincas de reemplazo con las parcelas regables y que contaban con inversiones significativas ya realizadas por las diferentes administraciones.

Ambas Comunidades de Regantes fueron beneficiarias de subvenciones en la pasada convocatoria de ayudas derivadas del Decreto 79/2017, de 23 de mayo, del Gobierno de Aragón. Decreto que estableció un régimen de subvenciones para determinadas inversiones en materia de creación de regadíos, con el fin prioritario de finalizar aquellas obras en zonas de interés nacional que tuvieran ya inversiones públicas efectuadas pero que, por falta de unas infraestructuras u otras, se hallan todavía en secano. Persiguiendo, por ello, que los importantes fondos públicos ya invertidos dieran los frutos pertinentes en cuanto a la generación de bienes públicos en concepto de economía y generación de empleo en nuestras zonas rurales más desfavorecidas.

Los convenios de colaboración que ahora se suscribirán, de acuerdo con la Disposición Adicional Octava de la Ley 2/2016, de 28 de enero de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, permitirán al Gobierno de Aragón la supervisión y tutela de la ejecución de las obras que vayan a emprender dichas Comunidades de Regantes a fin de garantizar su ajuste al marco legal vigente para estas zonas de interés nacional.