Aragón, Castilla-La Mancha y Cantabria aúnan esfuerzos para asegurar la voz de las CCAA en la reforma de la PAC

Joaquín Olona ha viajado a Santander para reunirse con sus homólogos de Castilla La Mancha y Cantabria El objetivo del encuentro ha sido analizar el protocolo de colaboración sobre la próxima reforma de la PAC

Fecha: 14-May-2018

Fuente: Aragón Hoy

El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, se ha reunido este viernes en Santander con Jesús Oria y Francisco Martínez, sus respectivos homólogos en Cantabria y Castilla-La Mancha. El encuentro ha tenido lugar en la sede del Gobierno cántabro y ha servido para analizar el protocolo de colaboración sobre la próxima reforma de la PAC.

Desde el pasado 21 de marzo, Aragón y Castilla La Mancha ya abanderan una propuesta común frente a la nueva PAC basada fundamentalmente en la priorización de los agricultores y ganaderos profesionales y que mejore su renta y que contribuya a la lucha contra la despoblación. Un protocolo que hoy le han presentado al consejero de Cantabria y que se ha comprometido a estudiar.

Los tres dirigentes han coincidido en la necesidad de pedir al Ministerio de Agricultura que cuente con las Comunidades Autónomas a la hora de abordar la próxima reforma de la PAC y asegurar que los agricultores y los ganaderos tengan voz. En este sentido, Joaquín Olona ha dicho que es necesario buscar los problemas comunes de todas las comunidades para poder defender una posición común. Asimismo, ha insistido en la necesidad de buscar soluciones “más horizontales y menos sectoriales”, y es que, con independencia del sector, ha dicho el consejero, la problemática de la baja renta les atañe a todos.

Un problema que comparten las tres Comunidades Autónomas que se han reunido hoy es la despoblación. “En estos momentos yo considero que una política agraria dirigida con absoluta preferencia a la agricultura familiar es más necesaria que nunca. No solo porque lo necesiten los agricultores, sino porque también es necesaria para combatir la despoblación, un problema que compartimos las tres CCAA y para las que tiene que ser mucho más eficaz esta política agraria”, ha explicado el consejero Olona, quien ha asegurado que sus posiciones y planteamientos son muy similares.

El consejero también se ha referido a la “injusticia” de los derechos históricos y en la necesidad de cambiar ese “error político”, que no contribuye para nada a combatir la despoblación, al menos en Aragón.  “Necesitamos una política agraria dirigida a los agricultores, pero poniendo el foco en que eso debe contribuir de una manera justa y eficaz a luchar contra la despoblación. Objetivo que ahora, con el modelo vigente, yo ahora mismo pongo en duda con la PAC que tenemos. Difícilmente puede ser creíble y mucho menos eficaz que la política agraria combata la despoblación cuando hay beneficiarios que reciben ayudas sin estar en el territorio y que no ejercen ninguna actividad”, ha lamentado Olona. Además, ha incidido en la idea de que solo con la defensa de una agricultura productiva se puede defender su conexión con el territorio, algo esencial para luchar contra este problema de la España rural.

En cuanto a la última filtración del presupuesto, el consejero ha vuelto ha vuelto a poner en duda que la reducción sea del 5%. “Si hablamos en términos de precios constantes referidos a 2018 estamos prácticamente en una reducción de 18%, y si lo hacemos en precios corrientes de un 10,61%. Yo sigo sin saber de dónde sale ese 5% y creo que la Comisión Europea debería de aclarar estas cifras”, ha dicho.

En este sentido, Olona ha incidido en que durante los próximos meses “es absolutamente imprescindible trabajar conjuntamente”. “Es muy previsible que en la nueva PAC va a haber lo que vienen llamándose más flexibilidad, más responsabilidad por parte de los estados miembros y, por lo tanto, en el caso de España más responsabilidad por parte de las CCAA que tenemos las competencias exclusivas en materia de agricultura y, por lo tanto, creo que va a ser imprescindible alcanzar acuerdos para enfocar en la dirección correcta, que no es otra sino la que necesitan nuestros agricultores, ganaderos y nuestro medio rural”, ha explicado.

Castilla La Mancha y Aragón abanderan una propuesta común frente a la nueva PAC desde el pasado mes de marzo

A finales del pasado mes de marzo, Joaquín Olona y Francismo Martínez ya rubricaron un protocolo en Almagro en el que se recoge la posición compartida por los gobiernos de Aragón y Castilla-La Mancha en lo que debe ser la futura reforma de la Política Agraria Comunitaria, de cara a la defensa de los intereses que para sus respectivos territorios representa una adecuada aplicación de los mismos en sede de negociación europea por parte de las autoridades del Estado.

Este modelo de agricultura que defienden ambos consejeros supone poner el foco en los siguientes principios:

  • Supervivencia del modelo de agricultura familiar en coexistencia con otros modelos de carácter profesional. 
  • Relevo generacional
  • Dimensión social de la agricultura
  • Lucha contra la despoblación
  • Protección del Medio Ambiente
  • Seguridad y calidad alimentaria
  • Dieta mediterránea
  • Fortalecimiento de la posición del agricultor y ganadero en la cadena alimentaria
  • Atención al consumidor y contribuyente

Intercambio de experiencias por la gestión de los Parques Nacionales
En la reunión de trabajo que han celebrado los tres consejeros, se han intercambiado, además, puntos de vista y experiencias sobre la gestión de los espacios naturales protegidos en las tres Comunidades.

Aragón y Cantabria tienen sus Parques Nacionales transferidos: Ordesa y Monte Perdido en Aragón, y Picos de Europa a las tres Comunidades que aportan territorio (Asturias, Castilla y León y Cantabria), dándose la circunstancia de que ambas comunidades celebran este año el centenario de sus Parques Nacionales.

Castilla La Mancha viene demandando la transferencia de los dos parques nacionales que están en su territorio, Cabañeros y Tablas de Daimiel, que son los únicos que no han sido transferidos por el Estado.