El director general de Desarrollo Rural, Jesús Nogués, ha recibido esta mañana a representantes de la Comunidad General de Riesgos del Alto Aragón y de la comunidad de base San Miguel de Valfarta, en una reunión que ha tenido por objeto explicar las medidas del proyecto de decreto que actualiza los criterios de cobro a los reganes en las zonas de interés nacional, haciendo que las condiciones sean lo más favorables posibles dentro del marco legal vigente y que está previsto se apruebe antes de que finalice el año.

Nogués ha explicado que la intención del Ejecutivo aragonés con el nuevo decreto es “dar un tratamiento prioritario a los agricultores profesionales”. El director de Desarrollo Rural ha asegurado que “el futuro decreto pretende ampliar a un mayor número de agricultores el plazo de amortización actualmente vigente de 20 años, e incluso incrementándolo en 5 años más -hasta 25- en el caso de agricultores profesionales”.

Desde el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad se consideraba imprescindible, actualizar el sistema y las condiciones de cobro, cuyo marco de regulación derivada de un Decreto Estatal de 1969 y otro, ya autonómico, de 1992. En dicho marco, los pequeños propietarios, de hasta 25 hectáreas, deben devolver la parte que les corresponde hasta en 20 años sin intereses, mientras que los grandes propietarios, de más de 25 hectáreas, efectúan dicha devolución en 5 años.

Lo que propone el proyecto de decreto es actualizar el mecanismo de devolución por parte de los regantes, teniendo en cuenta que en la coyuntura actual de competencia en los mercados agrarios globales, los márgenes netos de las explotaciones son mucho más reducidos y, en consecuencia, las explotaciones requieren de una mayor superficie para ser viables.  De esta forma, el futuro marco pretende que se consideran grandes explotaciones las de más de 35 hectáreas, por lo que hasta dicha superficie, la devolución de los importes será en 20 años o, si se trata de agricultores profesionales cuyas rentan dependen fundamentalmente del sector agrario, hasta en 25 años. En el caso de grandes propietarios para las superficies que superen la cifra anterior, a través de una orden complementaria al proyecto de decreto se elevaría el plazo hasta los 10 años, de acuerdo con las posibilidades que a este respecto establece la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 1973.

“La intención es hacer una discriminación positiva con los agricultores profesionales que son los que realmente dependen del sector, sobre todo en una coyuntura como la que estamos de precios de cereales bajos, que dificulta un poco más la capacidad de devolución del agricultor”, ha expuesto Nogués.

En la reunión, los representantes de los regantes han efectuado algunas propuestas de mejora del texto propuesto, siendo que en breve se va a abrir a exposición pública durante un mes su contenido de modo que todos aquellos agricultores que puedan resultar afectados presenten aquellas alegaciones que consideren oportunas. El texto se pretende aplicar ya a la Comunidad de Regantes de San Miguel de Valfarta en Monegros, en la que se ha iniciado ya el procedimiento de liquidación del coste de las obras que, de acuerdo con la referida Ley de Reforma del año 1973, deben asumir los regantes.