La detección en Holanda de fipronil, un pesticida no autorizado en productos alimentarios que se usa para desinfectar granjas, desató todas las alarmas en agosto por el temor a una distribución masiva de productos contaminados. Los datos finales revelan que las sospechas eran fundadas. Hasta 51 países de todo el mundo recibieron algún tipo de impacto, con más de la mitad situados en Europa, según la información recabada por EL PAÍS. En España, se detectó al menos una partida llegada del extranjero, pero nunca llegó a ser comercializada. “Mejoraremos la comunicación de riesgos entre Estados miembros y la Comisión asegurándonos de que se traslada a los ciudadanos de una forma más rápida y coherente”, prometió ayer el comisario europeo de Salud, Andrus Andriukaitis, tras la reunión con representantes de los 28 Estados comunitarios en Bruselas.

Aviso fallido
La crisis estival reveló fallos de coordinación en el sistema europeo de alertas alimentarias. Sobre el terreno, son las autoridades nacionales las encargadas de certificar la calidad de los productos, pero también están obligadas a emitir una alerta en el sistema común si detectan deficiencias. Algunos países miembros se enfurecieron con Bélgica, que comunicó esa anomalía tiempo después de haberla detectado, lo que impidió limitar los daños. Pese a todo, el comisario rechaza la vía sancionadora y en su lugar defiende la colaboración.

Bruselas ha discutido con los representantes de los países la posibilidad de establecer una persona de contacto concreta en cada capital europea para lidiar con estas alertas. La idea es comunicar la más mínima sospecha en este foro, con garantías de que todo será confidencial para evitar alarmas injustificadas. El modelo es aún una “cuestión abierta”, según Andriukaitis.