Sin agricultura y ganadería familiares no hay futuro para la PAC

La Política Agraria Común es la más importante de la Unión Europea en términos presupuestarios. Regula el modo de funcionamiento del sistema agroalimentario en todo el continente y marca las reglas del juego que marcan el trabajo de millones de agricultores y ganaderos. En el debate sobre el futuro de esta política la voz de los productores de alimentos debe ser escuchada y tenida en cuenta. UPA recoge en este documento sus propuestas e ideas sobre los distintos aspectos de la PAC, que defiende a la agricultura y la ganadería familiares, el modelo más sostenible.

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Fuente: UPA

Posición oficial de UPA para el futuro de la PAC

En el estado actual de la Unión Europea y ante un escenario de gran incertidumbre tras las elecciones al Parlamento Europeo previstas para mayo de 2019, desde UPA mostramos nuestra profunda preocupación por el proyecto de construcción europea, que tiene su mayor exponente en la Política Agrícola Común.

En primer lugar, debemos tener en cuenta que el proceso de reforma de la PAC va a coincidir con la negociación del nuevo marco financiero plurianual, que marcará de manera definitiva el futuro de la UE.

Reafirmamos la necesidad de contar con una PAC fuerte y común, con un presupuesto suficiente y adecuado para los objetivos que debe cumplir. Creemos que este es el mejor instrumento para conseguir la sostenibilidad de las explotaciones y garantizar el futuro de nuestros productores, y la única manera de cumplir con las aspiraciones que nos ha marcado la sociedad española y europea.

Desmantelar la PAC o renacionalizarla tendrá consecuencias imprevisibles para la delicada economía agraria, para nuestras comunidades y para el medioambiente, así como pondrá en peligro el valor añadido que supone contar con un mercado único.

Nos preocupa que los tiempos inicialmente previstos por la Comisión se alarguen y se retrase la aprobación tanto del marco financiero como del nuevo modelo de PAC. En este escenario es imprescindible que se garantice el correcto funcionamiento de los actuales mecanismos de la PAC.

Por último, es necesario destacar que las propuestas de la Comisión introducen nuevos y mayores requisitos medioambientales. Estos nuevos retos solo pueden acometerse con incrementos del presupuesto o mediante la puesta en marcha de medidas de carácter voluntario.

Mercados y cadena agroalimentaria

Las medidas de mercado y de regulación de crisis tan solo suponen un 4,2 % de la dotación presupuestaria. Nuevamente son las grandes olvidadas de la propuesta de reforma.

Las OP y las AOP no son la solución a los problemas de mercado. La propuesta de la Comisión supone que los desequilibrios de mercado se enfrenten sectorialmente a través de medidas que puedan poner en marcha las organizaciones de productores o las asociaciones de productores. La experiencia nos dice que esto solo puede tener cierto sentido ante pequeñas crisis de mercado, pero que cuando éstas son de entidad, no solucionan el problema.

Estamos convencidos de que hay que ir a medidas de gestión de mercado que supongan una red de seguridad ante crisis importantes, debemos recuperar el almacenamiento privado y la intervención pública que garantice el sostenimiento de nuestras rentas en momentos de profundas crisis de mercado. Se deben actualizar los precios de desencadenamiento, con referencias a los costes de producción y habilitar un procedimiento que sea ágil y rápido.

Proponemos que la reserva de crisis sea permanente, pero que se nutra de los remanentes de la PAC, no de mayores recortes.

Planteamos una excepción al derecho de la competencia que permita la negociación colectiva como mecanismo para reequilibrar la capacidad de negociación de la producción dentro de la cadena. Mientras los representantes de los agricultores y los ganaderos no puedan negociar colectivamente las condiciones de venta de los productos agrarios con la industria y con la distribución seguiremos siendo el sector que absorba todas las presiones de la cadena.

Proponemos fomentar la vertebración económica del sector productor sobre la base de grandes cooperativas.

Planes estratégicos

La propuesta de la Comisión introduce como gran elemento novedoso el concepto de planes estratégicos que no dejan de ser sino una renacionalización de la actual PAC.

Se nos dice que no es renacionalización, que es subsidiariedad, pero nos preocupa:

  • Que suponga una nueva forma de orientar la PAC y que en la siguiente reforma se proponga cofinanciar también el primer pilar con acabe en una renacionalización definitiva de la PAC. Históricamente el proceso siempre ha sido este: la Comisión propone una medida como voluntaria y en la siguiente reforma la hace obligatoria
  • Que en la práctica los planes estratégicos de cada Estados Miembros sean tan diferentes que creen diferencias y agravios comparativos entre las explotaciones de cada Estado que finalmente supongan perder el principio fundamental de política común.

Junto con los Planes Estratégicos, la propuesta supone un incremento espectacular del poder de la Comisión frente al Consejo. La propuesta de reforma supone dejar simplemente perfiladas las líneas generales que luego serán acotadas en los reglamentos de ejecución de la Comisión.

Los planes estratégicos tendrán un sistema de planificación, control y seguimiento parecido a la programación de desarrollo rural. Esto traerá graves problemas de orden administrativo para los Estados miembros y especialmente para los agricultores y ganaderos. La definición de indicadores y su seguimiento, el pasar a un sistema centrado en los resultados puede introducir un grado de complicación administrativa y de incertidumbre cuando no de indefensión que puede poner en peligro el propio sistema.

Para atajar en la medida de lo posible los negativos efectos que estos planes pueden suponer para el sector agrario, UPA considera necesaria la elaboración de un plan estratégico nacional, que tenga visión integradora y global. Consideramos fundamental que dicho plan establezca criterios homogéneos para todos los agricultores y ganaderos de España en temas tan importantes como la definición de agricultor genuino, definición de superficie admisible y actividad agraria, ayuda básica a la renta, ayuda redistributiva, ayuda complementaria para agricultores jóvenes, ayudas asociadas, eco-esquemas, etc., Además dentro del plan nacional, proponemos que se incluyan medidas estratégicas como:

  • Incorporación de jóvenes.
  • Sistemas de asesoramiento.
  • Instrumentos de gestión de riesgos y de crisis.
  • Definir y coordinar la puesta en marcha de un programa dirigido a las mujeres rurales; que conlleve el diseño de medidas concretas y el impulso de todas ellas en todas las comunidades autónomas.

Esta es la única forma de asegurarnos que determinados aspectos estratégicos para todos los agricultores y ganaderos, se establecen con los mismos requisitos y condiciones en todas las comunidades autónomas.

Agricultor genuino

Cualquier definición que se establezca debe tener en cuenta la diversidad de titulares de explotaciones que tenemos en España, y la diferente realidad que hay en cada comunidad autónoma. El reglamento propone un apoyo a aquellos titulares cuyos ingresos dependen en buena manera de la agricultura, algo que tiene toda su lógica, pero también defiende a los agricultores pluriactivos, que gestionan una buena superficie.

Debemos aprovechar la ocasión para hacer una definición clara que permita orientar y priorizar el apoyo público hacia las explotaciones familiares cuyo futuro depende en gran medida del mismo. Además sería conveniente establecer criterios más estrictos para poder acceder a mayores apoyos, como los derivados de la ayuda redistributiva o los eco-esquemas, de manera que se rompa la situación actual de “café para todos”. Los verdaderos profesionales de la actividad deben tener una valoración mejor y por tanto acceder a ayudas exclusivas para ellos.

Ayuda básica a la renta

El sistema que se puso en funcionamiento en la última reforma de la PAC supuso la asignación de derechos de pago básico basados en criterios históricos. Además se optó por aplicar una regionalización, con un total de 50 regiones. De cara a la puesta en marcha del nuevo sistema será necesario tener en cuenta los siguientes aspectos:

  • La enorme diversidad de producciones de España hace inviable la puesta en marcha de una tasa plana por hectárea, sin ningún otro condicionante.
  • Este aspecto hace necesario la aplicación de una cierta regionalización, que tenga en cuenta esta diversidad.
  • El número de regiones deberá ajustarse buscando el equilibrio entre una mejora de la gestión del sistema y una limitación de las transferencias entre sectores productivos.
  • Es necesario introducir criterios productivos en la definición de actividad agraria, que permitan acotar la posible entrada de una cantidad de hectáreas admisibles que supongan recortes individuales de los pagos directos.
  • Los pagos individuales a los agricultores y ganaderos deben tener una coherencia lógica con el tipo de explotación, para evitar las distorsiones que el sistema actual de derechos históricos ha generado.

Techos y degresividad

UPA apoya la idea de la Comisión sobre el establecimiento de techos por explotación, teniendo en cuenta el empleo generado en las explotaciones. Además es necesario tener en cuenta las explotaciones asociativas gestionadas por agricultores genuinos, de manera que se considere el número de familias implicadas en dicha explotación. Será necesario poner en marcha mecanismos de control, para evitar la creación de condiciones artificiales para eludir esta situación. Dependiendo de los límites que se establezcan finalmente y de las condiciones de aplicación, estamos hablando de una limitación que afectará al 0,45% de los perceptores actuales, que cobran más de 560 millones de euros, el 11,4% del total.

Regímenes voluntarios para el clima y el medio ambiente (Eco-esquemas)

Estas ayudas se establecen como adicionales y destinadas a aquellos agricultores genuinos que cumplan con unos requisitos medioambientales mayores.

Nos preocupa que la nueva arquitectura que propone la Comisión no basada en el cumplimiento de unos determinados compromisos sino en la verificación de unos objetivos a conseguir, suponga una carga administrativa sin precedentes y una indefensión inaceptable. Hacemos un llamamiento a las diferentes administraciones para plantear medidas que sean fáciles de seguir y cumplir.

Ayuda complementaria redistributiva

UPA apoya la puesta en marcha de esta ayuda redistributiva, y que solo puedan acceder a ella los titulares de explotaciones familiares cuya economía depende en gran medida de la actividad agraria, con una limitación de hectáreas por explotación. Esta ayuda debe tener en cuenta la realidad productiva de las diferentes regiones para la fijación del apoyo individual por agricultor. Es necesario de nuevo poner en marcha mecanismos para evitar la creación de condiciones artificiales para cobrar dichas ayudas.

Ayuda a la renta asociada

UPA apoya la puesta en marcha de estas ayudas asociadas, y para su puesta en marcha propone los siguientes requisitos:

  • Financiada con un 15% del techo nacional.
  • Atención especial a la ganadería sin tierras.
  • Mantenimiento del apoyo a los sectores del período actual e introducción de sectores en crisis que se quedaron fuera.
  • Con un límite máximo por explotación.

Ayuda complementaria a la renta para la incorporación de agricultores

UPA apoya la propuesta de la Comisión de destinar al menos el 2% del techo nacional para el establecimiento de una ayuda complementaria para los agricultores que se incorporen a la actividad.

Pero además de esta ayuda complementaria, entendemos que la política de incorporación de jóvenes debe contar con medidas excepcionales dentro del plan estratégico.

Por otro lado, y como se anuncia al principio de este documento, la medida de incorporación de jóvenes debería formar parte de un acuerdo nacional, que establezca los requisitos y condiciones de manera homogénea en todas las CCAA.

Estando de acuerdo con apoyar específicamente a los agricultores jóvenes tal y como lo propone la Comisión, sin embargo pensamos que es preciso establecer una medida específica que tienda a favorecer la movilidad de la tierra, la cesión de la tierra de los agricultores de edad avanzada. Se trataría de establecer una medida que suponga la asignación de unas ayudas directas a aquellos agricultores que hayan superado la edad de jubilación y que voluntariamente cedan su explotación a un agricultor genuino. Las ayudas serían mayores en función del tipo de agricultor o agricultores que reciban la explotación, de tal forma que se priorice a los jóvenes, y a aquellos que tengan una dimensión máxima. Con esta medida se fomentaría que el agricultor jubilado busque y ofrezca su explotación a otros agricultores con lo que la burbuja inflacionista sobre el precio de la tierra se irá reduciendo. Esta ayuda se daría bajo el compromiso de la cesión total y por un máximo de 7 años.