Jesús Manuel Ruiz
   Ideya
jruiz@ideyared.es

Corren tiempos de crisis para el sector primario. La escasa rentabilidad de muchas explotaciones en el contexto actual está provocando protestas y movilizaciones que deben ser atendidas con presteza. De ello depende no sólo la buena salud de esta actividad económica, estratégica de cara a garantizar la soberanía alimentaria de Europa, y con repercusiones en otros sectores; sino que además resulta clave de cara al mantenimiento del buen estado ambiental del territorio y la pervivencia del mundo rural.

Actualmente el sector agrario supone aproximadamente el 2,5 % del PIB y mantiene unas 800.000 Unidades de Trabajo Año – UTA, cada una de las cuales equivale al trabajo realizado por una persona a tiempo completo durante un año.

Se han apuntado diversas causas para intentar explicar la mala situación del sector, las cuales son percibidas con desigual peso en función de los intereses de cada uno de los agentes implicados. La realidad del problema parece apuntar a una combinación de factores entre los que se encuentran la internacionalización, el incremento de costes de insumos y energía, los desequilibrios entre los agentes de la cadena alimentaria, el recorte de las subvenciones y fondos, etc.

Con este panorama delante cabe preguntarse dónde encaja la necesaria atención a los aspectos ambientales vinculados al sector. Para intentar analizar este asunto, veamos primero qué es lo que se plantea en los siguientes ámbitos estratégicos:

• A nivel europeo las propuestas legislativas para el futuro de la Política Agraria Común (PAC) se basan en nueve objetivos, de los cuales tres tienen un carácter netamente ambiental: actuar contra el cambio climático, proteger el medio ambiente, y preservar los paisajes y la biodiversidad.
• Por su parte los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODS) de las Naciones Unidas, se relacionan directamente con el sector a través de los siguientes: hambre cero, producción y consumo responsables, acción por el clima, y vida de ecosistemas terrestres.

En definitiva, si se desea que el sector se encuentre alineado con las demandas de la sociedad, este deberá pasar necesariamente por la integración de los aspectos ambientales en el diseño, planificación y gestión de las explotaciones. Estos deberán ser por tanto elementos a considerar a la hora de resolver el complejo puzle que la actual de situación de crisis plantea.

Para ello, existen una serie de elementos clave a considerar:

• La necesidad de gestionar conjuntamente el binomio agua – energía como un sistema íntimamente relacionado y del que depende en buena parte la sostenibilidad ambiental y económica de las explotaciones. En este sentido el apoyo a la implantación de energías renovables y especialmente fotovoltaica puede resultar clave.
• La implementación y el control en el cumplimiento de buenas prácticas agrícolas, sobre todo en aquellas áreas ambientalmente sensibles. Por ejemplo, en el caso de las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos, o en aquellas con problemas de erosión. Igualmente, en aras a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
• La monitorización de los consumos de agua y de parámetros del medio físico (caudales, niveles de acuíferos, etc), a fin de evitar la sobreexplotación de recursos.
• Garantizar que el medio agrícola conserva su capacidad para mantener unos niveles mínimos de biodiversidad.
• Digitalización del sector con el fin de lograr la optimización de todos los procesos bajo parámetros de sostenibilidad. Diseño de explotaciones y planificación adecuada de actividades. Todo ello teniendo en cuenta la necesidad de adaptarse a las tendencias impuestas por el cambio climático.
• Incorporación de capacidades estratégicas, de gestión y tecnológicas en las explotaciones, bien por si mismas o mediante la agrupación en cooperativas.

Además, las administraciones públicas deberían ser sensibles a una serie de aspecto cómo por ejemplo el interés creciente de los consumidores por conocer el origen y el impacto ambiental (y social) de los alimentos que compra. Por ello serían deseables medidas que faciliten la trazabilidad medioambiental y la promoción de modelos agrícolas respetuosos con el medio, como la agricultura de conservación o la agricultura ecológica.

Otro aspecto que preocupa al sector son los plazos de resolución de determinados trámites administrativos, particularmente las que tienen que ver con la concesión de aguas y la evaluación ambiental de proyectos y ampliaciones. Una mayor agilidad en estos casos redundaría no sólo en beneficio del agricultor sino también del medioambiente gracias al seguimiento efectivo de las medidas impuestas en cada caso.

Finalmente, el papel de la administración puede resultar de utilidad a la hora de facilitar el diálogo entre los diferentes agentes de la cadena alimentaria.

En resumen, se puede decir que el avance del sector hacia parámetros de sostenibilidad económica y ambiental depende de un delicado equilibrio entre las medidas a adoptar, entre las cuales las que poseen implicaciones directas en la conservación de los recursos, la salud del medio y la mejora de la biodiversidad juegan un papel de primer orden.

Todo ello debería redundar finalmente en beneficio del agricultor, asegurando la continuidad de su actividad, del resto de la cadena agroalimentaria gracias a la disponibilidad de productos de calidad, así como del consumidor final que ve como sus requisitos de compra se ven satisfechos.