El Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón ha elaborado sucesivos documentos, el primero de ellos en marzo de 2016, relativos a su propuesta de reforma en profundidad de la PAC y que son los antecedentes al documento que hoy el consejero Joaquín Olona ha presentado en Monreal del Campo (Teruel). Los análisis llevados a cabo muestran que, efectivamente, la provincia de Teruel presenta una situación desfavorable en el contexto regional. No sólo porque la ayuda media individual sea menor, sino porque dicha circunstancia concurre con el hecho de que la renta agraria media finalmente resultante para los beneficiarios turolenses es significativamente inferior.

“Los datos confirman que el problema es mucho más complejo y profundo que la mera consideración de los importes por hectárea en los que se basa el Pago Básico del primer pilar de la PAC. Pero también es preciso reconocer los esfuerzos realizados por el Gobierno de Aragón para compensar las desventajas de la provincia de Teruel a través del segundo pilar, donde las ayudas individuales resultan significativamente mayores que en las otras dos provincias”, considera Olona, quien no obstante ha añadido que “es preciso reflexionar sobre esta compensación, tanto en términos de eficacia como por lo que implica tener que utilizar las medidas del segundo pilar para afrontar problemas causados por el primero”.

La cuestión suscitada ha sido motivo de debate en las Cortes de Aragón, donde por mandato parlamentario el Gobierno de Aragón asumió el compromiso de promover una reforma en profundidad de la PAC orientada a la mejora de la renta de los agricultores como objetivo central.

La inestabilidad de la renta de los agricultores queda patente a la vista del comportamiento de la renta agraria aragonesa. La insuficiencia se demuestra si se tiene en cuenta, por ejemplo, que el 75,41 % de las rentas agrarias declaradas en Aragón a través del IRPF (2015), aun incluyendo las ayudas directas actuales, no alcanzan los 6.000 € anuales por declarante. La renta media asciende a 5.105 € para el conjunto de Aragón, 6.340 € para Huesca, 2.851 € para Teruel y 5.399 € para Zaragoza. Todo ello, incluyendo las ayudas vigentes de la PAC.

Las ayudas directas de la PAC juegan un papel determinante en la configuración de la renta agraria. Sobre todo, si se tiene en cuenta que el 72,47 % de las rentas, cuando se excluye la ayuda, resultan negativas. De ahí, la importancia no sólo del mantenimiento del sistema de ayudas directas a la renta, sino de su mejora a través de una reforma en profundidad.

Asimismo, la reforma que pretende el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad persigue recompensar a los agricultores que tienen en la agricultura su principal actividad. Esto supondría que el 46 % de los perceptores cobrarían más que ahora y que el 54 % verían reducidas sus ayudas. Se trata de una redistribución de los pagos que beneficiaría a quienes más lo necesitan y merecen.

Reducir las desigualdades personales para reducir las diferencias territoriales

Para Olona, la redistribución de la ayuda debe hacerse entre beneficiarios. “Las anomalías territoriales no son más que la expresión y consecuencia de una asignación personal -física o jurídica- de fondos que, por aplicarse en forma de pagos por hectárea, resulta relativamente injusta e ineficaz”. El informe presentado por el consejero también demuestra que la redistribución personal se traduce en resultados territoriales más coherentes y equilibrados. En concreto, el sistema propuesto se traduce en que los promedios provinciales de ayuda por beneficiario y, lo que es más importante, los promedios provinciales de las rentas agrícolas compensadas por beneficiario, reducen de manera muy significativa sus diferencias actuales, obteniéndose como consecuencia una importante mejora en términos de equilibrio territorial.

Se demuestra así la eficacia e impacto social y territorial favorables de propuesta, que corrige las anomalías del sistema vigente mediante la redistribución personal de los fondos aplicados. De ahí la importancia de la eliminación de los derechos históricos cuyo mantenimiento impediría dicha redistribución.