Pide también a la Comisión Europea que establezca un observatorio para la recogida de información y datos sobre el nivel de concentración y la tenencia de la tierras agrícolas en toda la Unión, e indica que este servicio deberá registrar los precios de adquisición y los arrendamientos, así como el comportamiento en el mercado de propietarios y arrendatarios; vigilar la pérdida de superficies agrícolas tras los cambios de uso del suelo y la evolución de la fertilidad y la erosión del suelo, y elaborar informes periódicos.
Demanda, asimismo, a la CE a que establezca un grupo de trabajo de alto nivel para analizar el problema de la concentración de tierras agrícolas, que efectúe un estudio sobre los efectos de las medidas políticas adoptadas por la Unión y los Estados miembros respecto a la concentración de tierras y la producción agrícola, y que analice los riesgos de tal concentración para la seguridad y el abastecimiento alimentario, el empleo, el medio ambiente, la calidad de los suelos y el desarrollo rural.
A fin de alcanzar los objetivos de la PAC, en la resolución se requiere a los Estados miembros que otorguen prioridad a los pequeños y medianos productores locales, a los jóvenes agricultores y a los nuevos agricultores –velando por la igualdad de género en el acceso- a la hora de adquirir y arrendar terrenos agrícolas, recurriendo a derechos preferentes aplicables.
l informe destaca los problemas que se plantean en la transmisión de explotaciones de una generación a la siguiente, en especial por lo que respecta a la transmisión fuera de la familia, y pide a los Estados miembros que recaben datos sobre estos fenómenos y creen el marco jurídico adecuado para abordar estos problemas.
En concreto, se hace hincapié en las dificultades del acceso al crédito para adquirir tierras o para su tenencia, especialmente en el caso de nuevos y jóvenes agricultores y pide a la Comisión que proporcione los instrumentos adecuados, en el marco de la PAC y de las políticas relacionadas, para facilitar la incorporación a la actividad agrícola de nuevos y jóvenes agricultores, garantizando un acceso justo al crédito sostenible.
Recomendaciones
También se alienta a los Estados miembros a que, de conformidad con las disposiciones del Tratado de la Unión Europea, utilicen los instrumentos de regulación del mercado de tierras como, por ejemplo, las obligaciones de permiso estatal para ventas y arrendamiento de parcelas, los derechos preferentes de compra, las obligaciones de que los arrendatarios trabajen la tierra, las limitaciones al derecho de compra por parte de personas jurídicas, la limitación del número de hectáreas negociables, la preferencia por los agricultores, el aprovechamiento de tierras, la indexación de precios mediante el rendimiento agrícola, etcétera.
De hecho, algunos Estados miembros han adoptado medidas positivas para regular el mercado de la tierra para evitar las transacciones de terrenos con fines de especulación, recordando que la legislación fiscal les proporciona una palanca eficaz en este sentido. Y les pide que apoyen o creen instituciones apropiadas, con participación estatal y supervisión pública para la gestión de la tierra.
Entre otras recomendaciones, el PE sugiere también que los Estados miembros y la Comisión apoyen todas las medidas innovadoras en materia de reparto de tierras, que favorezcan el establecimiento de jóvenes agricultores, en particular a través de fondos de inversión solidarios que permitan a los ahorradores invertir de forma útil para la sociedad ayudando a jóvenes sin recursos suficientes para adquirir tierras y aventurarse en el sector de la agricultura.
El PE considera necesario que, en el marco de la reforma de la PAC, se introduzca unos límites máximos y modular el régimen de pagos directos para aumentar el peso de las primeras hectáreas –que el 30% de estos pagos se vincule a las primeras hectáreas de una explotación-, además de pedir a la CE que introduzca un mecanismo más eficaz de redistribución de las ayudas para prevenir la concentración de las tierras.
Pide a la CE también una definición inequívoca a escala europea del término “agricultor activo”, ligada claramente al concepto de trabajo en una explotación agrícola y que establezca una distinción clara entre las tierras agrícolas subvencionables y no subvencionables, así como que vele por que los agricultores en activo sean los únicos beneficiarios de las ayudas directas.
nsta a la Comisión a que supervise todos los ámbitos políticos pertinentes, como por ejemplo la PAC, la política energética, medioambiental, regional, de movilidad, financiera y de inversiones para comprobar si fomentan o desincentivan la concentración de tierras agrícolas en la Unión y que inicien un procedimiento de consulta con la participación de los agricultores y de sus organizaciones, así como de otros actores pertinentes de la sociedad civil, para evaluar el estado actual de la gestión de tierras agrícolas.
Punto de partida
En resumen, los europarlamentarios esperan que esta resolución sea un punto de partida para que se establezca una reglamentación a nivel europeo que impida el acaparamiento de tierras por grandes empresas de Europa, como exige la organización Vía Campesina.
Para la europarlamentaria gallega del Grupo GUE/NGL, Lidia Senra, “se trata de un problema muy grave que dificulta la instalación de los jóvenes y de las personas que no tienen tierra, y que también impide el redimensionamiento de las explotaciones más pequeñas por múltiples causas (especulación, expropiación para grandes infraestructuras, criterios de ayudas PAC, etc.) y nos encontramos con que la Comisión y el Consejo miran para otro lado, mientras los Gobiernos permiten estas situaciones y priorizan usos no agrícolas de la tierra.”
Según afirmó también la eurodiputada Paloma López Bermejo, “en mi país sufrimos a la vez el abandono de numerosas parcelas agrícolas, demasiado pequeñas y fragmentadas para ser eficientes, mientras que en otras regiones, fundamentalmente del Sur, la tierra se concentra en manos de unos pocos latifundistas, que explotan a los jornaleros y se enriquecen con la PAC. De ahí la importancia que tienen las políticas de planificación pública, incluidos los bancos de tierras y el crédito público, y la necesidad de luchar contra la concentración de la propiedad agrícola”.