La nueva Ley de venta local de productos agroalimentarios, aprobada hoy por el Pleno de las Cortes, supone una mayor información sobre los productos locales para los consumidores y, además, pretende mejorar la viabilidad de las explotaciones agrarias de Aragón contribuyendo, con ello, a la mejora del empleo y a la vertebración del territorio

El hemiciclo autonómico ha aprobado hoy el último trámite de la Ley de venta local de productos agroalimentarios que tiene por objeto regular y fomentar la venta o suministro de productos agroalimentarios, establecer las condiciones sobre higiene de los alimentos, así como regular el sistema de identificación de los productos, productores y puntos de venta.

De esta forma, los diputados han analizado el Dictamen elaborado por la Comisión de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, en una jornada en la que se han votado las enmiendas particulares de cada grupo. Como se ha recordado, el texto del Ejecutivo llegó a las Cortes en febrero y desde entonces la Ponencia, que fue constituida el pasado 30 de mayo, ha incorporado en sus reuniones casi ochenta enmiendas realizadas por PP (13), Podemos (33), PAR (16), Ciudadanos (5) y Grupo Mixto (12).

El debate ha comenzado con la presentación del proyecto de ley del Ejecutivo autonómico por parte del consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona. Posteriormente, el socialista Enrique Pueyo, coordinador de la Ponencia, ha expuesto el Dictamen de la Comisión, tras el que han intervenido los diputados y miembros del órgano Ramón Celma por el PP, Nacho Escartín desde Podemos, Lucía Guillén para expresar la posición del PAR, Ramiro Domínguez dando voz a Ciudadanos y Patricia Luquin (IU) por el Grupo Mixto.

Esta ley tiene por finalidad mejorar la viabilidad y los resultados económicos de las explotaciones agrarias, promover y atender la demanda social creciente de productos locales, favorecer la información y conocimiento de los consumidores, impulsar la diversificación de la actividad económica en el medio rural, contribuyendo a la creación de empleo y a la vertebración territorial, así como beneficiar a los consumidores que compren en Aragón.