La Comisión Europea (CE) ha dado a conocer su propuesta de Directiva al Parlamento Europeo y el Consejo, sobre prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria, con el objetivo de establecer un estándar mínimo de protección frente a estas prácticas en el conjunto de la Unión.

Una vez aprobada, la Directiva deberá ser traspuesta a la legislación nacional de cada Estado miembro en un plazo común máximo de dos años desde su publicación.

El proyecto de Directiva establece una lista mínima de prácticas comerciales desleales prohibidas: periodo de pago a 30 días; cancelaciones de última hora de pedidos de productos perecederos; cambios unilaterales y retroactivos en los acuerdos (con respecto a frecuencia, tiempo o volúmenes, normas de calidad o precios) y exigencia de pago por mercancías que se han echado a perder por parte del comprador]. Establece también que otras prácticas comerciales están prohibidas si no están claramente contempladas en el acuerdo entre el vendedor y el comprador.

Estarán sujetas a esta Directiva las prácticas comerciales entre personas físicas o jurídicas productoras incluidas las organizaciones de productores y sus asociaciones que sean pequeñas o medianas empresas, y un comprador que no lo sea.

Los Estados miembros están obligados a establecer una autoridad de vigilancia competente, que podrá recibir quejas tanto de los proveedores como de las organizaciones de productores o sus asociaciones, respetando la confidencialidad. La Directiva prevé también un régimen sancionador.

La propuesta de Directiva no establece ninguna obligación para la formalización de contratos, manteniéndose su voluntariedad tal y como establece la Organización Común de Mercados.

Valoración de UPA

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha valorado positivamente esta propuesta de Directiva.

Para UPA, “aunque insuficiente, este plan europeo es un paso adelante positivo y un cambio de concepto muy importante para los agricultores y ganaderos de todo el continente”.

Esa organización agraria señala en un comunicado que “Europa asume que no se puede dejar la lucha contra las prácticas abusivas sólo en manos de códigos de buenas prácticas o sistemas de regulación voluntaria”.

“Demasiados operadores en la cadena de valor de los alimentos llevan abusando demasiados años. Tiene que haber una legislación dura que les obligue a actuar con responsabilidad”, aseguran los agricultores.

A nivel europeo, según datos del COPA-COGECA, el 21 por ciento del precio de un producto va para el agricultor o ganadero, el 28 para la transformación y el 51 por ciento para la distribución. Estas cifras son para UPA la demostración de que “queda mucho por cambiar hasta configurar un sistema agroalimentario justo con los productores y con los consumidores”.

Más dureza para acabar con los abusos

El plan de la Comisión es un avance significativo, aunque UPA asegura que la legislación debería ser aún más dura con los que abusan. Los productores proponen que se establezca un órgano supranacional que vigile y sancione, todo ello para conseguir cambiar el comportamiento del infractor, eliminar cualquier beneficio financiero derivado del incumplimiento de las normas y disuadir futuros casos de incumplimiento.

La postura de FEPEX

Por su parte, la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas vivas (FEPEX) considera que es destacable que la Comisión se haya decidido finamente por propuesta de Directiva y no de Reglamento, con lo que da una mayor libertad a los Estados miembros para su aplicación, ya que las Directivas vinculan a todo Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que hay que alcanzar, dejando a las instancias nacionales la facultad de escoger la forma y los medios.