La autorización de Bruselas alcanzaría para que los Estados miembros pudieran abonar, a partir del 16 de octubre, hasta el 70 % de las ayudas directas de la PAC y hasta el 85 % de las ayudas del desarrollo rural. La condición es que las administraciones tengan realizados todos los controles necesarios para garantizar la corrección de los pagos. En relación a las ayudas directas, se pueden anticipar todas ellas: pago básico, pago verde, complemento a jóvenes, pequeños productores y todas las ayudas acopladas (vacuno, ovino y caprino, proteaginosas, frutos cáscara, legumbres…).

Conviene recordar que los Estados miembros siempre tienen en sus manos la decisión de anticipar hasta un 50 % de las ayudas directas y hasta el 75 % de las ayudas al desarrollo rural; por lo que, la Comisión Europea, lo único que hace es autorizar a que se adelante un porcentaje mayor de ayuda.

Ahora es el Ministerio quien debe dar luz verde a los anticipos y las Comunidades Autónomas quienes deben aplicarlo. La realidad es que, por experiencias pasadas, llegado el 16 de octubre no todas las regiones han hecho los deberes como para que los agricultores y ganaderos reciban el adelanto en sus cuentas. Por lo general nunca se hacen anticipos de las ayudas al desarrollo rural y tampoco suele adelantarse ni el porcentaje máximo autorizado, ni de todas las ayudas directas.

La Comisión recuerda a los países que tienen instrumentos para apoyar al sector

En el comunicado oficial en el que la Comisión anunció su decisión aprovecha para recordar a los gobiernos nacionales que, además de los adelantos de los pagos PAC, existen otros instrumentos estatales o comunitarios que pueden ser utilizados para paliar los efectos negativos que sequías y otras inclemencias tienen sobre la economía de los agricultores y ganaderos.

Así, señala la Comisión que de conformidad con las normas europeas sobre ayudas estatales agrícolas en caso de sequía se pueden otorgar ayudas de hasta el 80% del daño causado, porcentaje que puede llegar al 90 % en zonas con limitaciones naturales. Como ejemplo, el Ejecutivo comunitario apunta que, a efectos de estas ayudas que el Estado miembro podría poner en marcha con sus propios fondos, el gasto en la compra de forraje se puede considerar como daño material o pérdida de ingresos.

La compensación por daños también puede otorgarse sin la necesidad de ser notificada a la Comisión (las llamadas “ayuda de minimis”). Los Estados miembros pueden conceder una ayuda de hasta 15.000 EUR por agricultor o ganadero durante un período de tres años.

En lo que respecta al desarrollo rural, se ofrece una gama de posibilidades en la legislación actual de la PAC. Se trata de medidas que los países o las regiones podrían (o pueden, con una modificación) incluir en sus programas de desarrollo rural (PDR).

Entre estas medidas podrían estar las subvenciones de hasta el 100 % para el restablecimiento del potencial de producción agrícola dañado por la sequía (y también por otros desastres naturales).

Igualmente subraya la Comisión que en los PDR es posible incorporar medidas de gestión de riesgos aplicables en circunstancias excepcionales, ya sean climatológicas o de otro tipo. Estas medidas pueden consistir en contribuciones financieras a primas para seguros o fondos de inversión y en herramientas de estabilización de ingresos para los agricultores compensando las pérdidas de ingresos más allá del 30 % del ingreso anual promedio del agricultor, del 20 % en el caso de pérdidas sectoriales.

En el caso de España y, con la sequía tan grave que se sufrió el pasado año y el anterior, realmente este abanico de ayudas que cita la Comisión fue muy poco utilizado. Las Comunidades Autónomas no metieron en el cajón de sus PDR las medidas de gestión de riesgo y muy pocos tienen la de restablecimiento del potencial dañado y menos aún las han usado. En cuanto a las ayudas de mínimis, en el caso de sequía, han servido apenas para financiar el coste de los avales de SAECA en préstamos solicitados por agricultores y ganaderos. Una cosa es que los instrumentos estén, como dice la Comisión, y otra muy distinta es que los gobiernos estatal y autonómicos estén dispuestos a ponerlos en marcha; sobre todo si, como pasa en algunos de ellos, se financian exclusivamente con las arcas propias y sin participación europea.

Excepciones a los compromisos de ayudas

Por último, la Comisión también recuerda que, dentro del margen de aplicación nacional de la PAC, las autoridades estatales pueden liberar a sus agricultores y ganaderos de determinados compromisos en las medidas agroambientales, de manera que su no cumplimiento (imposible o difícil en situaciones de sequía) no conlleve penalizaciones sobre las ayudas o parte del pago vinculados a esos compromisos.

Algunos otros compromisos vienen marcados directamente por las disposiciones comunitarias y es la Comisión quien debe aprobar su no aplicación en una campaña determinada. Es lo que sucede, por ejemplo, con el greening. En las actuales circunstancias, la UE ha decidido también la semana pasada que en ciertos países que lo han solicitado (Dinamarca, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal y Suecia), se pueda permitir el aprovechamiento ganadero de las superficies de barbecho que se incluyan en las declaraciones PAC para el cumplimiento de la diversificación de cultivos y del porcentaje mínimo de superficie de interés ecológico. La aplicación o no de esta excepción, en todo o en parte, depende no obstante de las autoridades de cada país y la Comisión señala que está abierta a que otros Estados miembros puedan pedirlo y ampliar su decisión.