La secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García Rodríguez, ha puesto en valor las “muchas iniciativas que llevamos a cabo desde el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para acompañar al sector agroalimentario en la transición hacia un nuevo modelo que reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero y en su adaptación al cambio climático”.

La secretaria de Estado ha inaugurado hoy la jornada sobre cambio climático y sistema agroalimentario “Hacer más, con menos y mejor”, organizada por la Fundación Foro Agrario y por la Asociación de Periodistas Agroalimentarios, y celebrada en el Instituto de la Ingeniería de España, para abordar la necesidad del sector agroalimentario de adaptarse al cambio climático y de mitigar sus efectos.

García Rodríguez ha señalado las particularidades del sector agroalimentario respecto al cambio climático: supone un 18% de las emisiones difusas de gases de efecto invernadero (el 10,4% de las totales), pero a la vez tiene mucho que aportar en la lucha contra este desafío al poder contribuir a fijar el carbono de la atmósfera en los suelos y la biomasa.

“Hay un conjunto de desafíos, todos vinculados, y en los que la lucha contra el cambio climático es el centro porque determina los demás”, ha afirmado la secretaria de Estado. A su juicio, “los países y sectores que lideren la transformación a una economía baja en carbono serán los más beneficiados por la oportunidad que también puede suponer el cambio climático, en términos ambientales y económicos, y el sector agroalimentario español está en condiciones de asumir este reto y de liderar su transformación y adaptación”, ha señalado.

INICIATIVAS DEL GOBIERNO ESPAÑOL

García Rodríguez ha destacado las iniciativas en las que trabaja el Gobierno, a través del Ministerio, en este sentido. En primer lugar, ha destacado la participación de España en la Iniciativa 4 x 1.000 que, desde 2015, investiga la forma de aumentar la capacidad de absorción de carbono atmosférico por los suelos agrícolas, mejorando al mismo tiempo la productividad de los cultivos.

Asimismo, se ha referido a la puesta en marcha de la hoja de ruta de los sectores difusos, a 2020, y el trabajo que se lleva a cabo para la de 2030, con el objetivo de identificar las medidas que permitan alcanzar los compromisos con el menor coste posible, “garantizando así la competitividad de los sectores económicos, incluido el agroalimentario”, ha apuntado.

La secretaria de Estado ha resaltado el impulso a los Proyectos Clima, 58 de ellos dedicados al sector agrario, comprometiendo una reducción de 1,5 millones de toneladas de CO2 equivalente en los cuatro años siguientes a su aprobación.

“El sector agroalimentario, además, ocupa también un apartado importante en la Estrategia Española de Economía Circular, que ayer salió a información pública”, ha resaltado también la secretaria de Estado.

Esta Estrategia pretendelograr un modelo de desarrollo y crecimiento más innovador, competitivo y sostenible, reduciendo al máximo la generación de residuos, y con un Plan de Acción dotado con más de 836 millones de euros de presupuesto.

García Rodríguez ha explicado que esta Estrategia “apuesta por una agricultura más sostenible, con menor huella ambiental y un sector agroalimentario que minimice los residuos, que generan emisiones, en toda la cadena de producción y consumo”.

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente también ha puesto en marcha los Programas de Impulso al Medio Ambiente (PIMA). El PIMA Ecosistemas, por ejemplo, para reducir la vulnerabilidad de bosques y superficies agrícolas, y el PIMA Adapta Agua para evaluar el impacto del cambio climático en los recursos hídricos y desarrollar estrategias de adaptación.

“Todas estas acciones, y otras orientadas a otros sectores, han contribuido a que España haya cumplido con las obligaciones contraídas en Kioto I, y que esté en mejor situación para cumplir Kioto II que países como Francia o Alemania –ha informado la secretaria de Estado–, pero para afrontar el desafío que suponen los compromisos de París no podemos conformarnos con lo hecho, sino que tenemos que abordar una transición hacia un modelo bajo en carbono, sostenible pero competitivo que requiere de nuevos instrumentos”.

LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

En este punto, ha destacado la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética y del Pacto Nacional por el Agua, en las que trabaja el Ministerio.

“Queremos que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética sea el gran marco facilitador que permita orientar la transición de todos los sectores hacia la descarbonización, protegiendo específicamente a los más vulnerables”, ha afirmado. Entre estos sectores se ha identificado al sector agrario, que tuvo una sesión monográfica en las Jornadas de Alto Nivel que el Ministerio organizó en el mes de mayo y que fueron abiertas por el presidente del Gobierno, que adquirió el compromiso de promover esta Ley en la cumbre de París.

La secretaria de Estado ha puesto en valor el trabajo que se lleva a cabo en el borrador de la Ley. “Esperamos que en los próximos meses pueda tramitarse como Anteproyecto de Ley, para su remisión a Cortes Generales”, ha indicado.

Además, ha añadido que, en agricultura, la Secretaría General de Agricultura y Alimentación ha iniciado la elaboración de la Estrategia de Agricultura, Clima y Medio Ambiente, “con la participación de todos los agentes implicados”.

PACTO NACIONAL POR EL AGUA

Por último, García Rodríguez ha subrayado el proceso que lleva a cabo el Gobierno para elaborar una propuesta de Pacto Nacional por el Agua que permita dar respuesta, con el máximo consenso, a las necesidades de nuestro país en esta materia.

“Quiero destacar que la voluntad del Gobierno es que tanto la Ley de Cambio Climático como el Pacto Nacional por el Agua sean fruto de un amplio consenso. Para ello, en ambas iniciativas hemos llevado a cabo amplios procesos participativos y de consulta, en los que hemos querido involucrar a distintas Administraciones, partidos políticos, organizaciones agrarias y ambientales, sectores empresariales y, en general, a todos los actores con interés”, ha concluido, porque “sólo si los acuerdos nacen del consenso podrán tener la garantía de continuidad que necesitan para surtir sus efectos, más allá de cualquier coyuntura política”.