La regulación actual sobre aceites vegetales comestibles aplicable en España

Si analizamos la legislación de la Unión Europea se observa que no se ha armonizado lo relativo a aceites vegetales. Como consecuencia, en cada país UE se actúa de forma individual, con mayor o menor especificidad regulatoria, lo que da lugar a situaciones paradójicas en relación con estos productos.

Fecha: 06-Apr-2017

Tags: aceite vegetal , ue

Fuente: AINIA

Es necesario proceder a una revisión del marco regulatorio aplicable a los aceites vegetales (Real Decreto 308/1983) en conexión con la regulación de la Unión Europea aplicable al aceite de oliva (Reglamento 29/2012) y valorando que la UE no ha armonizado de forma expresa lo relativo a los aceites vegetales, porque nos encontramos con productos que en otros Estados miembros de la UE pueden ser legalmente fabricados y comercializados y en cambio en España no pueden ser fabricados por empresas españolas en virtud del citado Real Decreto 308/1983, lo que provoca una inferioridad de condiciones del sector de aceites vegetales y en particular del oleícola.
La tendencia creciente a innovar en alimentación enriqueciendo productos con nuevos aromas, texturas, sabores e incluso principios activos funcionales, responde a una demanda creciente de mercado, que también afecta al sector de los aceites vegetales. Sin embargo, para dar respuesta a esta demanda de mercado, el fabricante español de aceites vegetales se encuentra con una limitación legal no existente en otros países de la Unión Europea.
En este sentido, ante la existencia de una demanda de productos de estas características por parte de otros países, las industrias oleícolas españolas tienen grandes dificultades para ajustar la legislación española en la materia con la demanda de este tipo de productos. En este tipo de situaciones, una vía es la aplicación del principio de reconocimiento mutuo, aunque también se producen algunos casos más extremos, llegándose a la externalización de ciertas producciones para evitar las cortapisas de la legislación española en esta materia.
En definitiva, desde nuestro punto de vista lo más adecuado para hacer que converjan todos los intereses (sector, autoridades competentes y consumidores) es que la legislación que se aplique sea la comunitaria que está armonizada entre todos los Estados miembros, debiendo derogarse de forma expresa la legislación nacional para evitar que el sector oleícola español pueda verse en inferioridad de condiciones, teniendo muy presente que España es el principal productor de aceite de oliva en el mundo.