La doble calidad de los alimentos

Europa tiene que abordar este problema serio en la Unión Europea que afecta a millones de personas en toda la UE

Fecha: 02-Nov-2017

Fuente: Euroganadería

“Presentar dos productos alimentarios diferentes con el mismo envase y bajo la misma marca es una práctica engañosa y desleal para los consumidores. Este asunto es un claro ejemplo de que solo podemos resolver los problemas transfronterizos cuando colaboramos a escala comunitaria.” Esta es la respuesta de Vera Jourová, comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género de la Comisión Europea ante un grave problema que algunos Estados miembros llevan soportando desde hace tiempo y que no han sido capaces de resolver por sí solos. Jourová se mostró “decidida a poner fin a esta práctica, prohibida en virtud del Derecho de la UE, y a velar y actuar para que todos los consumidores sean tratados del mismo modo.”
El propio presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, llevaba este asunto en su último discurso del pasado 13 de septiembre sobre el Estado de la Unión, al indicar que “no puedo aceptar que en algunas partes de Europa se venda a los consumidores alimentos de menor calidad que en otros países, a pesar de que los envases y las marcas son idénticos. Ahora debemos dotar a las autoridades nacionales de más competencias para eliminar estas prácticas ilegales cuando existan.”
El reconocimiento de este problema se remonta a principios de 2017 cuando los países del Este de la UE del Grupo de Visegrado -República Checa, Eslovaquia, Polonia y Hungría- solicitaron a la Comisión Europea que adoptase medidas ante los dobles estándares de calidad que aplican algunas empresas que comercializan productos con menor calidad y, en algunos casos, al mismo precio de venta.

Se desconoce su alcance real y si este problema afectaría no solo a los países comunitarios de la zona oriental de la UE, con una renta per capita disponible inferior a la media de la de los consumidores de la zona occidental. Nadie ha descartado, por ahora, que este problema no esté más extendido y afecte también a los consumidores de regiones de un mismo país, con distinto nivel de renta.
Pero, ¿cuál es realmente el problema? Sencillamente que los consumidores de algunos países de la UE se han quejado de que la calidad de ciertos productos, tales como refrescos, café o palitos de pescado, es inferior en su país en comparación con los productos que el mismo fabricante vende con la misma marca al otro lado de la frontera.
Estudios realizados en este sentido, como el llevado a cabo en 2015 por la Facultad de Química y Tecnología de la Universidad de Praga, indican que efectivamente en el mercado comunitario hay productos con una marca aparentemente similar que se venden, por ejemplo, con un contenido diferente de carne o de pescado, con un mayor contenido de materia grasa o con un tipo distinto de edulcorante en unos Estados miembros y en otros.
Ejemplos de ese estudio como que los refrescos de la marca Sprite, que se endulzaban en la República Checa con jarabe de fructosa y glucosa y edulcorantes artificiales, mientras que en Alemania se usa azúcar natural. Las varitas de pescado de la marca Iglo, que contenían precisamente un 7% menos de pescado, o las galletas Manner en Eslovaquia o Hungría, que tenían menos chocolate y eran menos crujientes.


Normativa no aplicada
Estamos, por tanto, no ante un problema de falta de normativa específica. La UE cuenta ya con estrictas reglamentaciones para evitar que los consumidores sean inducidos a error, como la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales, que prohíbe comercializar un producto con un etiquetado que pueda inducir a error o el propio reglamento sobre información alimentaria, que obliga a informar de todos los ingredientes del producto.
Los productores y los comerciantes minoristas deben informar correctamente a los consumidores de la verdadera naturaleza y los auténticos ingredientes de sus productos y, por su parte, las autoridades nacionales de consumo son responsables de hacer cumplir las normas comunes de la UE en su territorio. Lo que pasa, por tanto, como sucede tantas veces, es que esas normas no se aplican, ni se cumplen por parte de quienes debieran cumplirlas, ni se hacen cumplir. Como tampoco se hace una supervisión correcta para analizar su estricto cumplimiento, posiblemente por falta de medios materiales y humanos suficientes para hacerlo como es debido.
En este contexto, la comisaria de Justicia, Consumo e Igualdad de Género de la UE, Vera Jourova, ha pedido a las autoridades nacionales que recaben pruebas para entender mejor de qué países y de qué productos se trata. Pero ahí están los estudios realizados en diferentes Estados que muestran que algunos productos presentan diferencias en comparación con productos de la misma marca en otros países. Según la comisaria, las pruebas efectuadas hasta ahora por diversas instituciones muestran que el problema de la calidad dual “afecta a decenas e incluso a centenares de productos alimentarios”.
“No estamos nombrando, ni señalando a ninguna empresa, ni hemos mencionado a ninguna marca en concreto, pero en cuanto tengamos (la CE) pruebas, no dudaré en decirles a los consumidores que no compren estos productos si vemos un problema con la calidad”, afirmó Jourova, quien añadió como segunda opción que las empresas modifiquen el etiquetado, de forma que los consumidores sepan que, debido a los precios más bajos, determinados productos alimenticios tienen una peor calidad. Pero, por el momento, añadió, “no tenemos pruebas de que las empresas tengan que reducir la calidad en ciertos países para mantener unos precios asequibles en esos mercados, como argumentan los productores”.
La Comisión ha entablado un diálogo con las asociaciones de productores y marcas para asegurarse de que sus miembros respetan las normas más rigurosas para evitar problemas de calidad dual. La intención es debatir con la industria alimentaria el asunto de la diferencia de precios de los alimentos, la influencia que tiene el uso de diferentes materias primas o las divergencias en los gustos. Estas asociaciones se han comprometido, por su parte, a elaborar un código de conducta este mismo otoño.


Siguientes pasos
Bruselas informó de los siguientes pasos a dar para tratar de solventar este problema. Está trabajando ya en una metodología para mejorar los ensayos comparativos de los productos alimentarios, con el fin de que los Estados miembros puedan debatir este asunto sobre una base científica sólida y común, igual para todos. La intención, según la comisaria Jourova,es que esta metodología común esté lista en el primer trimestre de 2018 y para ello se ha concedido un millón de euros al denominado Centro de Investigación Conjunta (CCI) de la Comisión para que la desarrolle.
También está financiando actividades adicionales de recogida de elementos de prueba o de realización de estudios, así como de ejecución de las normas existentes, con la apertura de procedimientos contra las empresas que utilicen prácticas prohibidas, para lo cual ha ofrecido otro millón de euros a los Estados miembros con estos fines. Con el mismo cometido, la CE organizará en estos meses talleres con las autoridades de protección de los consumidores y seguridad alimentaria a lo largo de estos meses.
Este 13 de octubre, la Comisión Europea iba a participar en la Cumbre del Consumidor, una reunión ministerial de alto nivel sobre el tema de la dualidad en la calidad de los alimentos, organizada en Bratislava por los Gobiernos eslovaco y checo.
Mientras tanto, la Comisión Europea publicó el pasado 26 de septiembre una guía, con una serie de directrices sobre la aplicación de la legislación comunitaria en materia de alimentación y consumo, que enumeran y explican los requisitos pertinentes a tener en cuenta las autoridades nacionales al analizar un posible problema de dualidad en la calidad de los productos alimentarios.
Esta guía europea trata de ayudar a las autoridades competentes de los Estados miembros a determinar si una empresa infringe o no la legislación comunitaria cuando comercializa productos con una calidad diferente dependiendo de los países.
Por una parte, el Reglamento sobre información alimentaria (Reglamento (UE) nº 1169/2011) que obliga a que los consumidores reciban una información veraz y suficiente sobre un determinado producto alimenticio. Por ejemplo, en las etiquetas de los alimentos debe figurar la lista de todos los ingredientes que contenga un producto.
Por otro, la Directiva sobre prácticas comerciales desleales (CE 2005/29), que prohíbe este tipo de prácticas, tales como la comercialización de productos de idéntica marca, de manera que pueda inducir a error a los consumidores.
Sobre la base de esta legislación, las directrices establecen un planteamiento gradual para que las autoridades nacionales competentes en materia de consumo y alimentación determinen si los productores infringen esas disposiciones. En caso de que una infracción tenga una dimensión transfronteriza, las autoridades competentes en materia de consumo pueden atajarla a través de la red de Cooperación para la Protección del Consumidor a escala europea. Estas autoridades nacionales son las responsables de velar por que las empresas cumplan el Derecho de la UE, aunque la Comisión Europea se ha comprometido a ayudarlas mediante estas directrices y las diferentes líneas de trabajo arriba enunciadas.