Las partes interesadas tienen ahora cuatro semanas para responder a esta evaluación, lo que es un requisito esencial del proceso. La evaluación tiene una serie de objetivos, especialmente relacionados con las prácticas comerciales desleales, la cooperación de los productores y la transparencia del mercado. También evalúa los impactos previstos de la iniciativa, que incluyen: - Hacer que la cadena alimentaria tenga una base más justa y transparente - Ayudar a aumentar los ingresos agrarios disponibles y haciendo que el sector sea más resistente a la volatilidad de los precios - Hacer más viable la agricultura - Impulsar el empleo rural - Ayudar a distribuir más justamente el valor añadido generado por la cadena alimentaria. Esta evaluación se complementará con una consulta pública, sobre la que la Comisión trabaja actualmente, con la intención de publicarla en las próximas semanas. La consulta pública, que estará disponible en todos los idiomas, estará abierta durante un período de doce semanas.