Lapeña ha asegurado que “hay consenso entre el sector empresarial, los regantes, los sindicatos agrarios y los ayuntamientos implicados” y ha destacado la importancia de defender un “planteamiento institucional y de diálogo con todas las partes implicadas”, lo que incluye a los ecologistas. “Respetamos la sentencia pero la pregunta es: A partir de aquí, ¿cómo regamos?”, ha planteado.

Sin embargo, ha reconocido que la sentencia de la Audiencia Nacional es “un golpe muy duro” que puede llevar a un enfrentamiento entre el llano y la montaña que no es positivo para la provincia. “Este territorio tiene un derecho al agua desde 1915 gracias a la Ley de Aguas por lo que hay que seguir avanzando”, ha recordado. Y ha asegurado que Fraga “no puede renunciar a Biscarrués pero hay que buscar alternativas como la Valcuerna o aumentar la capacidad del embalse de la Sotonera para llenar Almudévar”.

Miguel Luis Lapeña ha planteado que este proceso debe ser liderado por el Gobierno de Aragón, conjuntamente con los ayuntamientos implicados y todos los sectores. “Debemos defender nuestro derecho a poner en marcha estos regadíos de Monegros, que son el futuro de Fraga y comarca”, ha concluido.