Las Comunidades Autónomas (CCAA) españolas han señalado que la agricultura o el turismo serán algunos de los sectores más afectados por el "brexit" en España, y pidieron "medidas específicas para paliar las consecuencias negativas" del divorcio británico en las regiones.

En un documento de posición común de las CCAA frente al "brexit", presentado en Bruselas, piden una "especial atención" a las regiones europeas que se verán afectadas con la posible reducción de los fondos europeos en materia de cohesión.

La posición detalla los sectores económicos en los que España se verá más afectada por el "brexit", como el turismo o la agricultura.

Las regiones españolas sostienen que los cambios a largo plazo en el marco regulatorio serán "un reto relevante" para la estabilidad del sector agrícola y subrayaron la importancia de que Reino Unido mantenga la protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas europeas.

La salvaguardia de estas categorías permitirá, según sostienen, mantener una agricultura y una ganadería "basadas en un modelo de producción de calidad".

El documento aboga también por adoptar "medidas específicas para paliar las consecuencias negativas" del divorcio británico en las regiones que tienen una fuerte interdependencia económica con el Reino Unido.

Las CCAA piden garantizar el futuro de la política de cohesión después de la salida del Reino Unido del bloque comunitario, una partida que podría verse reducida una vez el presupuesto europeo deje de contar con la aportación británica.

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, el de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, y la representante de la delegación de Castilla la Mancha en el Comité Europeo de las Regiones y coordinadora de la posición común, Virginia Marco, entregaron las nueve páginas que resumen el frente común de las CCAA al presidente del (CdR), Markku Markkula.

En este documento, se recuerda a las instituciones europeas la necesidad de que políticas comunes, como la agrícola, energética, la de cohesión o de investigación, mantengan unas "asignaciones suficientes" en el próximo marco financiero plurianual, en el que ya no se contará con la aportación británica.

La política de cohesión supone aproximadamente un tercio del presupuesto de la UE, del que España recibe un total de 37.400 millones de euros.

Sumados a la contribución nacional de 15.880 millones de euros, constituyen una partida de 53.280 millones de euros que, según datos de la Comisión Europea, se destinan a la inserción juvenil en el mercado laboral y la mejora del acceso de las pymes a la financiación, entre otras prioridades sociales y de empleo.

En relación al presupuesto previsto para el periodo entre 2014 y 2020, las regiones españolas respaldan la posición de las instituciones europeas a la hora de pedir al Reino Unido que "cumpla con los compromisos financieros contraídos" antes del referéndum del 23 de junio de 2016.

De esta forma, señalan, la retirada británica de los Veintiocho tendrá "la menor incidencia posible" en el marco financiero plurianual.