La finalidad de ambas normas es adaptar el marco regulador nacional en la materia a las exigencias de los nuevos reglamentos comunitarios, manteniendo dos reales decretos diferenciados para vacuno y porcino, dadas las diferencias existentes entre ambos sectores y la metodología diferenciada de la clasificación de canales en ambos sectores ganaderos.

Entre las principales novedades, cabe destacar la posibilidad de no aplicar la clasificación de canales en mataderos pequeños, tanto de vacuno como de porcino, y a canales de porcino ibérico y sus cruces y de razas autóctonas en peligro de extinción.

También podrán quedar exceptuadas de la clasificación las canales de porcino de razas autóctonas o con formas de comercialización que no permitan una clasificación homogénea y normalizada de las canales, como en el caso del porcino ibérico y sus cruces, y de las canales procedentes de
razas autóctonas en peligro de extinción.

Por otro lado, se flexibilizan los requisitos en materia de controles oficiales, de tal manera que las autoridades competentes podrán presentar un plan de controles basado en un análisis de riesgo previo, que permita enfocar los controles oficiales hacia los operadores o actividades de mayor riesgo, mejorando la eficiencia en la utilización de los recursos públicos.

Además, con el objeto de coordinar las actuaciones a nivel nacional y la interlocución con las instituciones europeas, así como para facilitar las tareas
de formación en materia de clasificación de canales, se constituyen la Mesa de Coordinación de la clasificación de canales y precios, y dependiente de esta, el Comité Nacional de Expertos en Clasificación de Canales de vacuno y ovino y seguimiento de precios, formados por técnicos de reconocida experiencia en la materia.